La directora del Hospital Regional Río Grande, Viviana Müller, advirtió que la falta de pago de obras sociales mantiene al sistema público de salud en una situación financiera compleja, con una deuda que supera los $10.000 millones.

Según explicó, el impacto se siente directamente en el funcionamiento diario del hospital, ya que dificulta la compra de insumos, el mantenimiento de la infraestructura, la reparación de equipamiento médico y el fortalecimiento de los distintos servicios.

Müller señaló que el principal deudor es el Gobierno y que las seis primeras obras sociales concentran una deuda cercana a los $5.000 millones. En ese marco, remarcó que “el 80% de lo que hace el hospital es a partir del recupero y hay cada vez más personas sin cobertura”.

La directora sostuvo que la falta de ingresos afecta la cadena de pagos y complica la provisión de recursos esenciales para sostener la atención. Uno de los sectores más resentidos es el ambulatorio, aunque desde el hospital intentan mantenerlo en funcionamiento para evitar que las consultas se agraven y terminen derivando en emergencias.

Pese al escenario financiero, aclaró que la atención de urgencias y los casos graves continúan garantizados. Situaciones como un ACV, un politraumatismo u otras emergencias son asistidas con la medicación y los recursos necesarios.

No obstante, Müller insistió en que la falta de pago sistemática compromete áreas sensibles del hospital, especialmente cuando se trata de reparar o mantener equipamiento de alto costo, indispensable para la atención de los pacientes.

En medio de este contexto, destacó como un alivio parcial la normalización de los fondos provenientes del programa Sumar, aunque advirtió que la situación general sigue siendo crítica ante el aumento de la demanda y la creciente cantidad de personas que recurren al sistema público por no contar con cobertura privada.

Desde la conducción del hospital pidieron que las obras sociales regularicen sus aportes para evitar que se profundicen las dificultades económicas y se vea afectada la capacidad de respuesta del principal efector público de salud de Río Grande.