El Directorio de la Obra Social del Estado Fueguino resolvió acelerar el proceso de determinación y cobro de las deudas que distintos organismos mantienen con la entidad, en medio de la necesidad de fortalecer la liquidez y garantizar la continuidad de las prestaciones médico-asistenciales.

La medida fue aprobada por mayoría el lunes 7 de septiembre y declara de interés institucional y trámite urgente la conciliación, certificación y recuperación de acreencias. De manera provisoria, la deuda por contribuciones fue establecida en $8.740.641.261,29, con corte al 28 de agosto de 2026.

El principal deudor es el Gobierno de la Provincia, con un saldo provisional de $7.682.156.646,66. Le siguen la Municipalidad de Tolhuin, con $410.147.810,55; la Dirección Provincial de Vialidad, con $406.822.263,24; el Concejo Deliberante de Tolhuin, con $146.601.437,64; y la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Provincial, entre sectores pasivos y activos.

En el caso del Ejecutivo provincial, la deuda está compuesta por una obligación corriente de julio de 2026, por $4.331.079.661,68, y una deuda histórica de $3.851.076.984,98. Sobre ese total se imputó provisoriamente un pago de $500 millones, aunque su acreditación deberá ser verificada con información de la Tesorería General.

La resolución fija ahora un procedimiento concreto. La Dirección Contable deberá elaborar un informe integral y conciliado con el detalle de cada deudor, concepto, período, capital, pagos realizados, intereses, antigüedad de la deuda, intimaciones, convenios vigentes, certificados de deuda y riesgo de prescripción.

Una vez determinado el saldo exigible, OSEF deberá intimar a cada organismo deudor y otorgar un plazo máximo de cinco días hábiles para cancelar la deuda o presentar una propuesta de regularización. Si no hay pago ni acuerdo admisible, el Servicio Jurídico deberá iniciar las acciones judiciales correspondientes dentro de los diez días hábiles siguientes.

Para las deudas por aportes y contribuciones, la obra social recurrirá al juicio ejecutivo. En el caso específico del Gobierno provincial, una vez conciliada y certificada la deuda, OSEF deberá notificar al Banco de Tierra del Fuego para que actúe como agente de retención, conforme a lo previsto por la Ley 1627.

A este monto se suma otro universo de acreencias vinculado a prestaciones brindadas a beneficiarios RUPE. Al 31 de julio, la facturación pendiente ascendía a $11.369.930.467,38, con un saldo contable neto provisional de $10.707.092.057, luego de notas de crédito.

OSEF aclaró que esas acreencias tienen una naturaleza jurídica y contable distinta a los aportes y contribuciones, por lo que deberán ser determinadas, certificadas y reclamadas por separado antes de avanzar con el procedimiento correspondiente.

La resolución también establece que cualquier plan de regularización no podrá superar las 12 cuotas y deberá incluir capital, recargos e intereses. Además, no se admitirán quitas, condonaciones ni reducciones, y el incumplimiento habilitará el cobro judicial del saldo pendiente.

La decisión fue aprobada con los votos favorables de los vocales Adriana Soria y Horacio Gallegos, mientras que el representante del Ejecutivo, Jorge Giménez, votó en contra.