La publicación representa la primera reacción formal de Londres luego de que la administración de Javier Milei anunciara la ampliación de las sanciones vinculadas con la pesca, la explotación petrolera y otras actividades económicas desarrolladas en territorio argentino ocupado ilegalmente por el Reino Unido.
En la guía, el Gobierno británico sostiene que respalda “toda actividad económica legítima” realizada en las islas y manifiesta su interés en mantener la participación del sector privado. El texto está dirigido tanto a las compañías instaladas en el archipiélago como a aquellas que proveen bienes, servicios o intervienen en el aprovechamiento de sus recursos naturales.
El documento también ratifica la posición británica sobre la disputa de soberanía. “El Gobierno del Reino Unido no tiene ninguna duda sobre la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Malvinas y las áreas marítimas circundantes”, señala, y agrega que Londres no discutirá la cuestión mientras los habitantes de las islas no lo soliciten. La Argentina rechaza ese argumento y sostiene que se trata de una controversia bilateral reconocida por las Naciones Unidas.
Uno de los principales apartados está dedicado a los hidrocarburos. Allí, Londres afirma que las autoridades isleñas tienen derecho a explotar los recursos de la plataforma continental y que esas actividades deben regirse por la legislación impuesta en el archipiélago. Además, desconoce la jurisdicción argentina sobre las empresas y personas que participan en esos proyectos.
La guía advierte que las compañías podrían recibir intimaciones o afrontar acciones legales impulsadas por la Argentina. Frente a ese escenario, recomienda buscar asesoramiento jurídico independiente y ofrece el acompañamiento de la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo. El organismo británico incluso se compromete a intervenir ante firmas que requieran garantías por eventuales reclamos formulados en terceros países.
Desde la Casa Rosada confirmaron que continuarán las acciones contra quienes desarrollen actividades económicas sin autorización argentina. El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que se ampliará la denuncia judicial presentada anteriormente para incorporar a otras compañías y particulares vinculados con la explotación de recursos en Malvinas.
“El Gobierno nacional continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para sancionar e impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos y la soberanía de la Argentina sobre las islas”, afirmó el funcionario.
En paralelo, el Ejecutivo nacional trabaja en el borrador de un proyecto de ley destinado a fortalecer la defensa de la soberanía y endurecer las penalidades contra quienes operen en el archipiélago sin consentimiento argentino. La iniciativa elevaría nuevamente la tensión diplomática con Londres por la explotación unilateral de recursos naturales en una zona cuya soberanía permanece en disputa.
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