La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que ordena a las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum detener cualquier obra relacionada con el proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado al norte de las Islas Malvinas. La prohibición alcanza desde las perforaciones hasta el inicio de la extracción comercial de hidrocarburos.

La magistrada determinó que las empresas deberán abstenerse de “iniciar, continuar, ejecutar o hacer ejecutar actos materiales de ejecución” hasta que el emprendimiento sea sometido a una evaluación de impacto ambiental ante las autoridades argentinas. La disposición también comprende futuras ampliaciones y toda infraestructura integrada al yacimiento.

Borruto consideró que la intervención judicial no podía demorarse debido al nivel de avance alcanzado por el proyecto. “El riesgo no es hipotético ni remoto”, señaló en la resolución, al advertir que Sea Lion habría superado la etapa de planificación para ingresar en una fase concreta de ejecución.

Para fundamentar esa conclusión, la jueza tuvo en cuenta la decisión final de inversión adoptada en diciembre de 2025, la contratación de equipos de perforación y de una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga. También valoró la existencia de trabajos de adaptación de infraestructura y los anuncios para extender el desarrollo hacia otro pozo.

La cautelar comprende la perforación del lecho marino, la colocación de conductos y sistemas de control, la instalación de infraestructura submarina y la puesta en funcionamiento de unidades de producción. También alcanza las obras portuarias y terrestres de apoyo, las bases logísticas, los depósitos de productos químicos, las instalaciones habitacionales y los servicios aeronáuticos.

La magistrada aclaró que la resolución no implica afirmar que el emprendimiento producirá necesariamente un daño ambiental. Sin embargo, consideró acreditado de manera preliminar que no existe una evaluación realizada por organismos argentinos que permita determinar sus consecuencias y establecer medidas de prevención.

Según un informe de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental citado en el expediente, hasta febrero de 2026 las empresas no habían presentado ningún aviso de proyecto ante las autoridades nacionales. Frente a esa situación, Borruto aplicó los principios preventivo y precautorio contemplados en la Ley General del Ambiente.

La demanda sostiene que Sea Lion contempla 23 pozos, de los cuales 16 serían productores de petróleo, seis estarían destinados a la inyección de agua y uno a la inyección de gas. Entre los posibles riesgos mencionados aparecen los derrames, la alteración del lecho marino, las descargas operativas, el ruido submarino y la afectación de aves y mamíferos.

Además del aspecto ambiental, la jueza vinculó el expediente con la defensa de la soberanía argentina. Al reconocer provisoriamente la legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, sostuvo que el reclamo involucra un bien colectivo indivisible y un interés de carácter federal.

La resolución también obliga a Rockhopper y Navitas a informar, dentro de diez días judiciales desde su notificación, el estado actualizado del proyecto. Las compañías deberán presentar el cronograma de obras, la ubicación y situación de los pozos, los equipos contratados y la identificación de los principales contratistas y subcontratistas.

Asimismo, tendrán que revelar la estructura societaria utilizada, las fuentes de financiamiento, los fondos comprometidos, las aseguradoras y los estudios ambientales disponibles. Borruto ordenó preservar toda la documentación técnica, contractual, financiera y ambiental, que no podrá ser destruida, alterada ni ocultada.

La presentación fue realizada por el CECIM La Plata y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas. La medida no resuelve todavía el fondo de la causa: una vez recibidos los informes y la respuesta de las compañías, el juzgado podrá mantener, modificar, ampliar o dejar sin efecto la cautelar.