Un informe técnico elaborado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) en 2024 aportó precisiones sobre el funcionamiento del radar de LeoLabs instalado en Tolhuin y marcó diferencias con observaciones realizadas por el Ministerio de Defensa.

El documento, fechado el 18 de octubre de 2024, fue elaborado a pedido de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología en el marco del trámite de autorización de la estación. Allí, la CONAE aclaró que su análisis se limitó a aspectos técnicos del sistema y no a una evaluación integral sobre posibles riesgos para la seguridad nacional.

Según el informe, el radar está diseñado para detectar y realizar seguimiento de objetos en órbita baja, hasta aproximadamente 2.000 kilómetros de altura, como parte de una red internacional de estaciones. La ubicación de Tolhuin fue considerada estratégica por su posición austral, la baja contaminación radioeléctrica y la posibilidad de ampliar la cobertura sobre el hemisferio sur.

En ese punto, el organismo sostuvo que el equipamiento no está diseñado para seguir misiles, lanzamientos ni aeronaves, y que tampoco puede mantener el seguimiento de objetos que modifican su trayectoria como lo haría un vehículo en vuelo.

Sin embargo, el informe también introduce una precisión relevante: el sistema sí puede observar satélites militares, ya que técnicamente no diferencia entre satélites civiles, militares o restos espaciales.

Otro de los puntos centrales es el destino de la información recolectada. De acuerdo con el documento, los datos obtenidos por el radar de Tolhuin son enviados a centros de LeoLabs en Estados Unidos, donde se procesan y combinan con información proveniente de otras estaciones de la red.

La CONAE reconoció que esa información posee valor estratégico y que incluso podría resultar útil para el área de Defensa, al ampliar la capacidad de observación sobre operaciones satelitales en el hemisferio sur.

Durante el expediente también surgieron interrogantes sobre una eventual utilización del equipamiento para tareas de inteligencia de señales. Frente a eso, la CONAE indicó que ciertas características de las antenas y capacidades del sistema pueden verificarse mediante mediciones técnicas en el lugar, pero aclaró que determinar si esas capacidades tienen utilidad para inteligencia o representan un riesgo para la seguridad nacional excede su competencia.

El informe también abordó los cuestionamientos vinculados a la elección de Tierra del Fuego y al contexto geopolítico marcado por la cuestión Malvinas. LeoLabs sostuvo que la selección de Tolhuin respondió a criterios geográficos y técnicos, y negó una finalidad militar.

No obstante, la empresa reconoció que haber incorporado una firma británica dentro de su estructura societaria fue, retrospectivamente, una decisión imprudente por la sensibilidad del vínculo argentino-británico y el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

El documento de la CONAE no constituye una autorización ni un rechazo definitivo al radar. Tampoco afirma si existe o no una amenaza para la seguridad nacional. Su conclusión técnica establece que el sistema no tendría las capacidades militares que un informe del Ministerio de Defensa le atribuía para seguir misiles, aeronaves o lanzamientos.

Aun así, deja planteado un aspecto central que queda fuera de su análisis: qué implica para la seguridad nacional que información obtenida desde Tolhuin, considerada estratégicamente valiosa, sea procesada por una empresa extranjera y enviada a Estados Unidos.

Según el propio criterio de la CONAE, esa evaluación corresponde a las autoridades con competencia específica en Defensa e inteligencia.