La situación financiera de la Obra Social del Estado Fueguino volvió a colocar a Tolhuin en el centro de la discusión. Según advirtió Horacio Gallegos, director por el sector pasivo de OSEF, la Municipalidad y el Concejo Deliberante de esa ciudad mantienen una deuda que actualmente rondaría entre los $550 y $600 millones.

El conflicto adquiere una especial sensibilidad porque se trata de recursos vinculados a aportes y contribuciones destinados a la cobertura de salud de trabajadores estatales y sus familias. En Tolhuin, el Municipio cuenta con alrededor de 500 empleados, mientras que el Concejo reúne aproximadamente 100 trabajadores, además de sus respectivos grupos familiares.

El problema no se reduce a una discusión contable entre organismos públicos. En julio, el propio Concejo Deliberante había informado que existían aportes descontados de los salarios de sus trabajadores y contribuciones que no habían sido depositados ante OSEF y la Caja de Previsión. En ese momento, el cuerpo legislativo responsabilizó al Ejecutivo municipal por la falta de transferencia de fondos previstos presupuestariamente.

Frente a este escenario, una de las principales preguntas sigue abierta: qué ocurrió con los recursos que debían llegar a la obra social. Para establecer responsabilidades, será necesario discriminar cuánto corresponde al Municipio, cuánto al Concejo, qué parte pertenece a aportes personales descontados a trabajadores, qué parte corresponde a contribuciones patronales y cuáles son los períodos impagos.

Con la documentación pública disponible no hay elementos suficientes para afirmar que esos fondos hayan sido desviados o utilizados para otros fines. Sin embargo, ante una deuda cercana a los $600 millones, resulta necesario que ambos poderes locales expliquen el estado de cada obligación pendiente.

La situación también expone una paradoja. Tolhuin tuvo sobre la mesa una alternativa para transformar parte de esa deuda en una solución histórica para los afiliados: avanzar en una sede propia de OSEF con farmacia institucional.

La legisladora provincial Gisela Dos Santos había impulsado una resolución para trabajar en la regularización de tierras y la proyección de un edificio de la obra social en la ciudad. Luego, volvió a reunirse con autoridades de OSEF para analizar la posibilidad de compensar deuda mediante la construcción de esa infraestructura.

El Directorio de OSEF también había confirmado que el objetivo estratégico era que Tolhuin pudiera contar con una delegación propia y una farmacia, con el fin de descentralizar la atención, mejorar el acceso a medicamentos y evitar que los afiliados dependan de Río Grande o Ushuaia para determinadas gestiones.

La propuesta contemplaba un mecanismo de compensación de obligaciones mediante tierras y ejecución de obras. Es decir, convertir deuda en patrimonio para la obra social y en servicios concretos para la comunidad.

Pero para avanzar era necesaria una condición institucional: que el convenio contara con la participación y ratificación de las tres partes, es decir, la Municipalidad, el Concejo Deliberante y OSEF.

Las diferencias entre el Ejecutivo municipal y el Concejo fueron profundizándose. Mientras el cuerpo deliberativo sostiene que el Municipio no transfirió los fondos presupuestarios necesarios para afrontar sus obligaciones, el Ejecutivo había reconocido públicamente su propia deuda con la obra social y señalado que trabajaba en una propuesta para resolverla.

El conflicto incluso llegó a la Justicia. OSEF inició acciones contra el Concejo por más de $268 millones, cifra que con costas informadas supera los $300 millones. El Concejo cuestionó la procedencia y la cuantificación de esa deuda, mientras que la Justicia rechazó suspender el trámite, aunque sin resolver todavía el fondo de la controversia.

El resultado, hasta ahora, es una encrucijada institucional. OSEF reclama recursos en medio de una situación financiera compleja; Municipio y Concejo discuten responsabilidades; y en el medio quedan los trabajadores, sus familias y los afiliados que todavía esperan una sede propia con farmacia en Tolhuin.

La definición de responsabilidades seguirá su curso administrativo y judicial. Pero el punto central excede cualquier disputa política: cuando se habla de OSEF, se habla de fondos destinados a sostener prestaciones de salud.

Mientras tanto, la obra social sigue esperando el cobro de las acreencias y Tolhuin continúa sin concretar una infraestructura que podría mejorar el acceso a la atención y a los medicamentos para sus afiliados.