El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.824, mediante la cual quedó aprobado el nuevo Tratado de Extradición entre Argentina y Chile. El acuerdo había sido firmado el 5 de diciembre de 2023 en Santiago y busca modernizar los procedimientos utilizados para la entrega de personas requeridas por la Justicia de ambos países.

La normativa establece las condiciones que deberán cumplirse cuando la Argentina o Chile soliciten la extradición de una persona localizada en el territorio del país vecino. También incorpora mecanismos para requerir su detención preventiva mientras se tramita el pedido correspondiente.

Pese a la promulgación de la ley, el tratado todavía no se encuentra operativo. Su entrada en vigor se producirá 30 días después de la última comunicación diplomática en la que ambas naciones confirmen haber completado sus respectivos procedimientos internos.

Según los registros de la Cancillería argentina, Chile notificó en febrero de 2025 que había cumplido con las exigencias necesarias. Sin embargo, el instrumento continúa figurando como no vigente hasta que finalice formalmente todo el proceso bilateral.

En paralelo, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.825, que aprueba el denominado Tratado de Medellín. Este convenio permite transmitir electrónicamente solicitudes de cooperación jurídica internacional entre las autoridades centrales de los países adheridos.

La iniciativa contempla la utilización de la plataforma Iber@ para enviar pedidos, documentación y actuaciones judiciales por medios digitales. El objetivo es reducir los tiempos administrativos y evitar que la asistencia jurídica internacional dependa exclusivamente de canales físicos o diplomáticos tradicionales.

La ley también ratifica el Reglamento de Financiación del acuerdo, adoptado en 2022. De esta manera, el país avanza simultáneamente en dos herramientas distintas: la actualización del régimen de extradición con Chile y la incorporación de un sistema electrónico para agilizar la cooperación judicial internacional.