Organizaciones sindicales, sociales, comunitarias y políticas se movilizaron este sábado en Río Grande, Ushuaia y Tolhuin como parte de la denominada “marcha de la bronca”, una protesta de alcance nacional que tuvo su convocatoria central en la Ciudad de Buenos Aires.

En Tierra del Fuego, la jornada estuvo atravesada por reclamos vinculados con la caída del empleo, el deterioro del poder adquisitivo, las dificultades para acceder a una vivienda y las decisiones nacionales relacionadas con la soberanía y la infraestructura estratégica de la provincia.

La convocatoria en Río Grande reunió, entre otros sectores, a representantes de la UOM, la Asamblea Comunidad Costera, SIPROSA, organizaciones universitarias, jubilados de ATE, agrupaciones de derechos humanos y espacios políticos de izquierda. Durante la concentración se leyó un documento consensuado por las entidades participantes.

“Marchamos porque ya no se soporta seguir viviendo así”, expresaron los convocantes en el manifiesto. También llamaron a enfrentar el “plan de motosierra”, cuestionaron al Gobierno nacional y señalaron a quienes consideran responsables de acompañar las políticas promovidas por el Fondo Monetario Internacional.

Uno de los principales ejes fue la situación laboral. Las organizaciones denunciaron que Río Grande atraviesa una fuerte contracción de su estructura productiva, con cierres de fábricas electrónicas y textiles, paralización de la construcción, desaparición de comercios y miles de puestos directos e indirectos afectados. Las cifras difundidas durante el acto corresponden al relevamiento realizado por los propios espacios convocantes.

El pronunciamiento advirtió, además, que el ajuste tiene consecuencias particulares en Tierra del Fuego por su ubicación estratégica y su dependencia de la actividad industrial. “Aquí, donde la soberanía se defiende con el cuerpo y el trabajo, el ajuste impulsado por Milei tiene consecuencias devastadoras”, sostuvieron durante la lectura.

La intervención nacional del Puerto de Ushuaia también estuvo presente entre los cuestionamientos. El documento recordó que la medida comenzó el 21 de enero y aseguró que, desde entonces, los trabajadores enfrentan despidos y modificaciones en sus condiciones laborales. A esto se sumó el rechazo a los acuerdos vinculados con la Base Naval Integrada y a las políticas de explotación de los recursos naturales.

Otro de los reclamos estuvo centrado en la crisis habitacional. Los manifestantes afirmaron que los valores de los alquileres resultan inaccesibles para una gran parte de las familias, mientras permanece paralizada la construcción de viviendas sociales. Según plantearon, este escenario profundiza el hacinamiento, la precariedad y los desalojos.

La protesta incorporó también demandas de las universidades públicas, el sistema sanitario, los jubilados y los sectores que sostienen comedores y espacios de asistencia comunitaria. Las organizaciones denunciaron recortes presupuestarios, precarización laboral y una reducción de los recursos destinados a las personas más vulnerables.

En el tramo final del documento, los convocantes responsabilizaron tanto al Gobierno de Javier Milei como a la gestión provincial de Gustavo Melella por el impacto de las políticas económicas en Tierra del Fuego. La movilización concluyó con un llamado a transformar el descontento social en una fuerza organizada capaz de modificar “esta realidad impuesta, cruel y desigual”.