Un proyecto presentado en la Legislatura busca crear el Registro Provincial de Personas Inhabilitadas para el Ejercicio de la Función Pública (REPRI). La propuesta apunta a reunir la información sobre sentencias judiciales firmes de inhabilitación y evitar que una persona con un impedimento vigente sea designada por falta de información entre organismos.

Si la iniciativa se convierte en ley, la consulta al registro será obligatoria antes de incorporar personal de planta, contratado o en cargos políticos. La exigencia alcanzará a los tres poderes provinciales, organismos descentralizados, entes autárquicos y empresas estatales. Según los fundamentos del proyecto, los datos sobre inhabilitaciones se encuentran dispersos y eso dificulta los controles previos.

La propuesta establece que el Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia administre el registro y garantice la confidencialidad de los datos. La inscripción duraría únicamente mientras esté vigente la inhabilitación judicial: una vez cumplido el plazo y acreditada la rehabilitación, la baja debería realizarse de oficio dentro de cinco días hábiles.