El Gobierno de Tierra del Fuego reglamentó la adhesión provincial a la Ley Yolanda, que establece capacitaciones obligatorias en materia ambiental, desarrollo sostenible y cambio climático para las personas que se desempeñan en la función pública.

La medida fue formalizada mediante el Decreto Provincial N° 1608/26, que reglamenta la Ley Provincial N° 1377, a través de la cual Tierra del Fuego había adherido a la Ley Nacional N° 27.592.

La normativa alcanza a los organismos correspondientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y establece una estructura para organizar, implementar y realizar el seguimiento de las capacitaciones.

El Ministerio de Producción y Ambiente será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo establecer las directrices y los contenidos mínimos que deberán abordar las capacitaciones, de acuerdo con los lineamientos generales de la Ley Yolanda y las particularidades de Tierra del Fuego.

Además, se conformará un Equipo Coordinador integrado por personal del área de Educación Ambiental Integral. Sus miembros cumplirán funciones ad honorem y deberán acreditar experiencia en gestión pública, formación específica en cuestiones ambientales y los requisitos académicos establecidos en la reglamentación.

Entre sus funciones estarán la planificación y el monitoreo anual de las capacitaciones, la adaptación de los contenidos a la realidad provincial y la definición, junto con el Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP), de la metodología que se utilizará para capacitar al personal.

Uno de los puntos centrales de la reglamentación establece que, dentro de los primeros dos años de implementación, deberá haberse capacitado como mínimo al 30% de los trabajadores de cada organismo.

Cada repartición deberá además designar representantes, elaborar su propio Plan de Trabajo de la Ley Yolanda y presentar una proyección de la cantidad de trabajadores que serán alcanzados. Estos representantes también tendrán la responsabilidad de capacitar a las máximas autoridades de cada organismo y promover acciones de sensibilización ambiental.

Las propuestas de capacitación elaboradas por cada repartición deberán ser validadas por el Ministerio de Producción y Ambiente, que también podrá brindar alternativas para adaptar los contenidos a las necesidades específicas de cada área.

Con la reglamentación, Tierra del Fuego avanza ahora hacia la implementación de las capacitaciones ambientales obligatorias previstas por la normativa para los distintos ámbitos de la administración pública provincial.