El creciente endeudamiento de los hogares llegó a una instancia clave en la Cámara de Diputados. Las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor finalizaron el tratamiento de los proyectos vinculados con la morosidad y emitieron tres dictámenes diferentes, por lo que ahora será el pleno de la Cámara el que deberá definir qué alternativa avanza.
Las iniciativas parten de enfoques distintos. Una propone reforzar la transparencia y la información antes de contratar créditos, mientras que las otras incorporan herramientas para refinanciar obligaciones, limitar intereses y establecer mecanismos de alivio para quienes ya acumulan atrasos.
El tema alcanza a una cantidad significativa de hogares. Durante el debate parlamentario se mencionó que alrededor de 20 millones de personas mantienen deudas principalmente con bancos y billeteras virtuales, mientras que cerca de 6 millones registrarían atrasos superiores a tres meses.
Una propuesta apunta a prevenir el sobreendeudamiento
El dictamen que reunió mayor cantidad de firmas no establece un régimen para cancelar las deudas actuales, sino que apunta principalmente a modificar las condiciones bajo las cuales los consumidores acceden al crédito.El texto establece mayores exigencias de transparencia para entidades financieras y prestadores no bancarios. La información sobre un préstamo debería ser clara y accesible durante la publicidad, la etapa previa a la contratación y durante toda la vigencia de la operación.
También incorpora herramientas relacionadas con el perfil de riesgo crediticio, educación financiera digital, mecanismos reforzados de validación, derecho de revocación, botón de arrepentimiento y la posibilidad de trasladar un crédito hacia alternativas que resulten más convenientes.
Además, antes de contratar un financiamiento, los usuarios deberían poder identificar claramente qué impuestos forman parte del costo final del crédito.
Refinanciación y cuotas de hasta el 30% de los ingresos
Otra de las alternativas que llegó a dictamen plantea declarar durante 180 días una emergencia por sobreendeudamiento y crear un régimen especial para regularizar deudas originadas en créditos destinados al consumo.La adhesión sería voluntaria para el deudor y obligatoria para los acreedores alcanzados por la normativa. Entre sus principales puntos aparece la eliminación del 100% de los intereses punitorios y un plazo mínimo de 12 meses para cancelar las obligaciones refinanciadas.
Las cuotas resultantes no podrían superar el 30% de los ingresos de la persona endeudada. Cuando ese límite no pueda cumplirse, el plazo debería extenderse para adaptar los pagos a la capacidad económica del solicitante.
El proyecto también contempla la suspensión de embargos, cobranzas extrajudiciales, intereses punitorios, capitalización de intereses y nuevos informes negativos relacionados con las obligaciones incorporadas al régimen.
No todas las personas endeudadas podrían acceder. Entre los requisitos se establece una mora mínima de 60 días y que al menos el 30% de los ingresos familiares esté destinado al pago de deudas. También se fija un límite respecto del monto total adeudado.
Una tercera alternativa propone una emergencia por un año
El tercer dictamen propone declarar una Emergencia Social y Económica en materia de endeudamiento de consumidores financieros durante un año, con posibilidad de extenderla por otro período igual.Durante su vigencia se establecería un límite para las tasas aplicadas por los acreedores. La Tasa Nominal Anual no podría superar 1,5 veces la correspondiente a los depósitos a plazo fijo a 30 días para personas humanas publicada por el Banco Central.
La iniciativa también propone crear un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal, destinado a refinanciar, reestructurar o cancelar obligaciones de personas que se encuentren en una situación de sobreendeudamiento o vulnerabilidad financiera.
En este caso, podrían acceder quienes tengan ingresos mensuales de hasta diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
Ahora deberá resolver la Cámara de Diputados
La existencia de tres dictámenes implica que todavía no existe una nueva ley ni un régimen de desendeudamiento vigente a partir de este debate. El texto que obtuvo más firmas será el primero que deberá someterse a votación cuando el tema llegue al recinto.Si esa propuesta no obtiene los votos necesarios, podrán considerarse posteriormente los dictámenes de minoría. Al cierre del debate en comisiones todavía no había una fecha definitiva para la sesión, aunque se analizaban alternativas durante octubre.
De esta manera, la discusión sobre qué respuesta brindar al endeudamiento de millones de hogares continuará ahora en el recinto, donde deberán definirse las herramientas que eventualmente podrían convertirse en ley.
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