El Gobierno provincial presentó en la Legislatura un proyecto de ley que propone declarar de utilidad pública y expropiar terrenos ubicados en la Margen Sur de Río Grande, con el objetivo de avanzar en la creación de un Polo Productivo de Agricultura Familiar.

La iniciativa alcanza a parcelas del macizo 67 de la sección K de Río Grande, un sector vinculado al desarrollo de chacras productivas. El proyecto busca incorporar esas tierras al régimen previsto por la Ley Provincial N.º 1287, orientado al desarrollo de un polo productivo de pequeña escala para agricultura familiar, animales de granja y otros subproductos.

Según los fundamentos de la propuesta, “la iniciativa persigue consolidar la soberanía alimentaria local y el desarrollo de la agricultura familiar en la Margen Sur, dotando al proceso de regularización dominial de un instrumento financiero y contable transparente mediante la creación del Fideicomiso Público de Fomento Productivo Margen Sur”.

El proyecto plantea que la expropiación alcanzará únicamente a los terrenos, sin incluir edificaciones, plantaciones ni mejoras realizadas por los ocupantes. El valor de las tierras será determinado según los criterios del Tribunal de Tasaciones, mientras que los beneficiarios deberán abonar la parcela mediante una cesión onerosa.

Uno de los puntos centrales es la creación de un fideicomiso público, que será administrado por el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat. De acuerdo con el texto, esta figura permitirá ordenar los fondos del programa, garantizar su correcta aplicación y reinvertir los pagos realizados por los adjudicatarios en el desarrollo productivo del sector.

“A través de esta figura fiduciaria, cuya titularidad de administración recaerá en el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH), se garantiza la correcta afectación de los fondos de recupero, la exención indemnizatoria respecto de las mejoras erogadas por los propios ocupantes y el estricto control del perfil productivo mediante una condición suspensiva de 20 años, bajo el monitoreo constante de la Comisión de Chacras”, sostiene la iniciativa.

La propuesta también establece un régimen de regularización dominial y subdivisión, con parcelas que deberán ajustarse al proyecto productivo de cada ocupante. En términos generales, se prevén superficies de entre 1.500 y 10.000 metros cuadrados, aunque para actividades de escala mínima ya comprobadas podrían asignarse parcelas desde 300 metros cuadrados.

La autoridad de aplicación será la Comisión de Chacras, con participación de productores. Esa comisión tendrá intervención en el relevamiento, la reglamentación y la definición de requisitos para acceder a la regularización.

Entre las condiciones previstas, los beneficiarios deberán sostener el perfil productivo de la tierra y no podrán vender, ceder, transferir ni arrendar las parcelas durante un plazo de 20 años. Esa restricción será inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble y su incumplimiento podrá derivar en sanciones.

Además, el proyecto prohíbe la adjudicación a personas que ya sean titulares de otros inmuebles, emprendimientos productivos o explotaciones comerciales, con el objetivo de evitar maniobras especulativas y preservar la finalidad social y productiva de la medida.

En caso de abandono del emprendimiento, el adjudicatario deberá ceder la parcela a la autoridad provincial de tierras fiscales. En ese supuesto, podrá recuperar los valores efectivamente invertidos en la tierra, infraestructura y mejoras permanentes que no puedan retirarse, bajo las condiciones que se establezcan.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca transformar ocupaciones existentes en una tenencia regularizada, pero sujeta a pago, control estatal y obligación de mantener el destino productivo a largo plazo. El macizo 67 ya había sido señalado por el Gobierno como uno de los sectores pendientes de una solución integral dentro del proceso de regularización de tierras productivas en la Margen Sur.