El Gobierno del Reino Unido convocó a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, para comunicarle formalmente su rechazo al procedimiento de arbitraje internacional iniciado por la Argentina en relación con la explotación de hidrocarburos en las inmediaciones de las Islas Malvinas. La medida marca un nuevo capítulo en la tensión bilateral por el proyecto petrolero Sea Lion.

La protesta británica fue confirmada por la subsecretaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien sostuvo que la iniciativa argentina constituye un "intento de socavar los derechos, la prosperidad y la seguridad económica de los habitantes" de las islas. Según Londres, la actividad hidrocarburífera está regulada por las autoridades isleñas y se desarrolla, de acuerdo con su posición, conforme al derecho internacional.

Kumaran también cuestionó la decisión adoptada por Buenos Aires al afirmar que "No es un acto que refleje la responsabilidad de los compromisos internacionales" y agregó que "ese comportamiento nos plantea preguntas sobre la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido".

La funcionaria reiteró además la postura británica sobre la soberanía del archipiélago al señalar que las islas "son británicas, siempre defenderemos los derechos de los isleños a la autodeterminación" y aseguró que "el Reino Unido continuará hombro con hombro junto a ellos para defender robustamente sus deseos, su economía y su derecho a definir su futuro".

La convocatoria se produjo luego de que el presidente Javier Milei instruyera a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El objetivo declarado por la Argentina es impedir la explotación de hidrocarburos vinculada al proyecto Sea Lion y otras medidas unilaterales en los espacios marítimos en disputa.

El Gobierno argentino también intimó formalmente al Reino Unido para que, dentro de un plazo de dos semanas, adopte medidas destinadas a detener esas actividades. En caso contrario, anticipó que solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Milei calificó las operaciones como "el saqueo ilegal" de recursos argentinos.

En paralelo, la Cancillería profundizó las acciones administrativas y judiciales contra empresas y personas vinculadas con la explotación hidrocarburífera. En septiembre se iniciaron procedimientos sancionatorios contra decenas de sujetos y se presentaron denuncias contra compañías vinculadas con los proyectos en la zona, entre ellas Navitas Petroleum.

La controversia se desarrolla en el marco de la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, reconocida como tal por las Naciones Unidas. Argentina sostiene que la explotación unilateral de recursos vulnera sus derechos soberanos, mientras que el Reino Unido rechaza esa interpretación y defiende la legitimidad de las actividades autorizadas por las autoridades isleñas.