La confirmación deja expuesta la participación del Gobierno británico en las decisiones sobre los recursos naturales de las islas. Aunque las autoridades locales mantienen competencias sobre la regulación de la actividad, la seguridad y la protección ambiental, no pueden otorgar nuevas autorizaciones sin la intervención de Londres. Según la documentación parlamentaria citada, este mecanismo ya estaba previsto en la legislación y había sido explicado en septiembre.

El principal proyecto detrás de la controversia es Sea Lion, desarrollado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en la Cuenca Malvinas Norte. La iniciativa apunta a comenzar la producción en 2028 y constituye uno de los focos del rechazo argentino a las operaciones petroleras realizadas sin autorización nacional en los espacios marítimos en disputa.

Mientras Argentina impulsa medidas para frenar esas actividades, la administración de las islas anunció el 21 de septiembre una prórroga de cinco años para las licencias offshore existentes, con posibilidad de extenderlas por otros dos. También aprobó la adquisición de una participación del 65% de Navitas en el área PL001 y señaló que las decisiones contaban con respaldo británico.

La respuesta argentina incluyó procedimientos sancionatorios contra personas y empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos. La Cancillería inició actuaciones contra 45 sujetos el 4 de septiembre y agregó otros 15 cuatro días después, por presuntas infracciones a la Ley 26.659. A esas medidas se sumaron denuncias penales contra compañías relacionadas con Navitas y el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

En el plano internacional, el 28 de septiembre el presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El objetivo anunciado es impedir el desarrollo de Sea Lion y evitar nuevas autorizaciones para explotar recursos en la plataforma continental que Argentina reivindica como propia.

Las gestiones también alcanzaron a las empresas proveedoras del sector. El 2 de octubre, el Gobierno argentino informó que Halliburton confirmó que ninguna de sus filiales prestará servicios para Sea Lion ni participará en actividades de exploración o producción petrolera en Malvinas.

La ratificación británica suma así un elemento a un conflicto que combina intereses energéticos y posiciones soberanas enfrentadas. Londres sostiene el desarrollo de los recursos del archipiélago bajo su interpretación del principio de autodeterminación, mientras Argentina considera esas operaciones no autorizadas y busca frenarlas mediante acciones administrativas, judiciales y diplomáticas. Para las futuras licencias, la decisión deberá pasar también por el Gobierno británico.