El bloque Somos Fueguinos volvió a impulsar en la Legislatura una modificación de la Ley Provincial N°69, que regula el funcionamiento de la Dirección Provincial de Puertos (DPP). La propuesta introduce cambios sobre decisiones estratégicas de la actividad portuaria y otorga un mayor peso al Consejo Asesor, integrado por representantes públicos, privados, sindicales y organismos nacionales.

La iniciativa, promovida por el legislador Jorge Lechman, ingresó nuevamente al Parlamento provincial como Asunto 532/26. Entre sus puntos principales establece que cualquier privatización, concesión total o parcial, transformación societaria, transferencia, esquema de gestión mixta, asociación público-privada o creación de terminales portuarias deberá contar previamente con una ley aprobada por los dos tercios de la Legislatura.

De prosperar la reforma, determinadas decisiones que actualmente forman parte de las facultades de la Dirección Provincial de Puertos quedarían sujetas a una autorización legislativa especial.

Sin embargo, uno de los cambios de mayor alcance está relacionado con el Consejo Asesor Portuario. La normativa vigente determina que este organismo cumple una función consultiva y establece expresamente que sus opiniones y dictámenes no tienen carácter vinculante.

El Consejo está integrado por representantes de usuarios y prestadores de servicios, municipios y comunas, gremios vinculados a la actividad, además de la Armada Argentina, Prefectura Naval Argentina y Aduana. También participan sectores privados relacionados con la operatoria portuaria.

La modificación propuesta no cambia sustancialmente esa composición, pero sí altera el peso de sus intervenciones al plantear que los dictámenes pasen a tener carácter vinculante. Esto implicaría que el cuerpo dejaría de cumplir únicamente un rol de asesoramiento y adquiriría una incidencia mayor sobre determinadas decisiones de la actividad portuaria.

No obstante, uno de los interrogantes que abre la iniciativa está relacionado con el alcance concreto de esa facultad. El proyecto no determina con precisión sobre qué asuntos deberán pronunciarse obligatoriamente los integrantes del Consejo ni cómo se resolverían posibles diferencias con las autoridades de la DPP.

A su vez, se mantiene la disposición que establece que el organismo no puede “interferir o inmiscuirse” en cuestiones internas de administración y conducción de la Dirección Provincial de Puertos, por lo que el eventual carácter vinculante de sus decisiones podría convertirse en uno de los puntos centrales del debate legislativo.

La reforma también propone incorporar entre las funciones de la DPP la promoción de puertos municipales destinados a actividades turísticas y recreativas para embarcaciones de hasta 50 metros de eslora. Además, plantea derogar el artículo 7 bis de la Ley 69, donde actualmente se detallan las funciones del Director Ejecutivo de Puertos.

La discusión vuelve después de la intervención

Si bien Somos Fueguinos ya había presentado una iniciativa de características similares en 2024, su reaparición se produce en un escenario diferente, después de la intervención del Puerto de Ushuaia por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y de la discusión política generada alrededor del control de la terminal.

Desde el propio bloque habían cuestionado la decisión nacional. Raúl Von der Thusen sostuvo en enero que “el puerto es de Tierra del Fuego y la administración debe ser de Tierra del Fuego”, al considerar que el manejo de la terminal debe permanecer dentro de la órbita provincial.

En ese contexto, el proyecto abre otra discusión institucional. Organismos nacionales como la Armada, Prefectura y Aduana ya integran actualmente el Consejo Asesor, aunque bajo la legislación vigente sus opiniones no obligan a la conducción portuaria. Si la modificación prospera, pasarían a formar parte de un organismo con dictámenes vinculantes.

Esto no significa que esos organismos nacionales vayan a administrar individualmente el Puerto de Ushuaia ni que puedan imponer por sí solos una decisión, sino que aumentarían su participación dentro de un ámbito colegiado con una capacidad institucional mayor a la actual.

Un escenario similar se presenta con los representantes privados. Cámaras empresarias, agencias marítimas, prestadores de servicios y sectores vinculados económicamente a la actividad portuaria también pasarían de participar en un órgano estrictamente consultivo a integrar un Consejo cuyos pronunciamientos podrían resultar obligatorios.

De esta manera, la discusión que abre la propuesta excede el requisito de los dos tercios para una eventual privatización o concesión. Uno de los puntos centrales será determinar hasta dónde se modificará la autonomía de decisión de la Dirección Provincial de Puertos y cuál será, en la práctica, el alcance del nuevo poder que tendría el Consejo Asesor.