El Gobierno de Tierra del Fuego reglamentó la adhesión provincial a la Ley Nacional 27.592, conocida como Ley Yolanda, que establece la capacitación obligatoria en materia ambiental para quienes se desempeñan en el Estado.

La medida fue formalizada mediante el Decreto Provincial N°1608/26, fechado el 15 de septiembre, que reglamenta la Ley Provincial 1377 y fija los lineamientos para la implementación de las capacitaciones.

La formación tendrá perspectiva de desarrollo sostenible y pondrá especial énfasis en cambio climático. Alcanzará a quienes trabajan en el Sector Público Provincial centralizado y descentralizado, el Banco de Tierra del Fuego y las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, incluidas aquellas que puedan crearse en el futuro.

El Ministerio de Producción y Ambiente, a cargo de Francisco Devita, será la autoridad de aplicación de la normativa y tendrá la responsabilidad de coordinar el proceso de implementación.

La reglamentación también dispone la creación de un Equipo Coordinador que tendrá como función asistir a la cartera ambiental y acompañar las distintas instancias previstas por la ley.

Sus integrantes deberán pertenecer al área de Educación Ambiental Integral, cumplirán sus funciones ad honorem y tendrán que acreditar experiencia en gestión pública, preferentemente vinculada con cuestiones ambientales, además de formación específica en temáticas ambientales o educativas.

También se establecen requisitos académicos para conformar el equipo, entre ellos poseer título de grado correspondiente a una carrera de al menos cuatro años o título terciario universitario, con prioridad para aquellos expedidos por instituciones públicas del país.

Entre sus tareas, el Equipo Coordinador deberá participar de la Mesa de Acción y Seguimiento de la Ley Yolanda junto con representantes de cada organismo y también tendrá intervención en el ámbito del Consejo Provincial de Medio Ambiente.

Uno de los puntos centrales de la reglamentación fija además una meta concreta para cada dependencia: los representantes designados deberán capacitar a las máximas autoridades de sus organismos y, como mínimo, al 30% de sus trabajadores durante los primeros dos años de implementación.

De esta manera, Tierra del Fuego avanza con la aplicación efectiva de la Ley Yolanda y establece un esquema progresivo de formación ambiental obligatoria dentro de la administración pública provincial.