La Argentina se acerca al vencimiento del plazo de dos semanas otorgado al Reino Unido para que adopte medidas destinadas a frenar las actividades hidrocarburíferas vinculadas al proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. Si Londres mantiene su posición, el Gobierno nacional anticipó que avanzará con un pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

La intimación fue comunicada oficialmente el 28 de septiembre, cuando el presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar un procedimiento arbitral contra el Reino Unido bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

El reclamo está directamente relacionado con Sea Lion, el desarrollo petrolero ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y operado por Navitas Petroleum junto a Rockhopper Exploration.

Pese al planteo argentino, las empresas continúan avanzando con el proyecto. Rockhopper informó que las tareas de perforación y terminación están previstas para comenzar a principios de 2027 y que la primera producción de petróleo continúa proyectada para el primer trimestre de 2028.

La primera etapa contempla una capacidad de producción de alrededor de 55.000 barriles diarios. Además, Navitas avanza en la incorporación de una segunda unidad flotante para acelerar fases posteriores del proyecto, con capacidad adicional estimada en hasta 125.000 barriles por día.

Samuel Moody, director ejecutivo de Rockhopper, ratificó durante los últimos meses que el desarrollo mantiene su cronograma hacia la primera producción en 2028 y definió la actual etapa como un período clave para el avance de Sea Lion.

Desde el Gobierno argentino sostienen que las actividades se desarrollan de manera unilateral en un espacio marítimo sujeto a una disputa de soberanía. En el comunicado oficial del 28 de septiembre, la Casa Rosada intimó al Reino Unido a impedir “el inicio o la continuación” de las tareas vinculadas a la explotación de hidrocarburos.

La posición de las compañías es diferente. Rockhopper sostiene que el desarrollo cuenta con las autorizaciones otorgadas por la administración británica de las Islas y continúa ejecutando las inversiones necesarias para avanzar hacia la producción.

El próximo paso de Argentina

El procedimiento iniciado por Argentina ya contempla el arbitraje previsto por la CONVEMAR. Sin embargo, el Gobierno estableció además que, si al finalizar las dos semanas Reino Unido no adopta las medidas reclamadas, recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, para solicitar medidas provisionales.

El canciller Pablo Quirno explicó que se trata de un paso inédito dentro de la estrategia argentina respecto de las actividades hidrocarburíferas alrededor de las Islas y sostuvo que “Argentina es la primera vez que somete a un tribunal internacional la disputa sobre los hechos unilaterales que está realizando el Reino Unido sobre la explotación de hidrocarburos”.

La intención es que el Tribunal pueda adoptar medidas mientras se constituye y desarrolla el tribunal arbitral que deberá analizar la controversia planteada bajo la CONVEMAR.

Qué puede resolver el Tribunal del Mar

La presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar no tiene como objetivo resolver la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas.

El organismo interviene sobre controversias relacionadas con la interpretación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En este caso, Argentina busca llevar a discusión las actividades de explotación de recursos naturales que considera realizadas unilateralmente en un área marítima alcanzada por la controversia.

La posición argentina también se apoya en la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que instó a Argentina y al Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales mientras continúe pendiente la solución de la disputa.

El Tribunal está compuesto por 21 jueces y puede dictar medidas provisionales que, si son concedidas dentro del marco previsto por la CONVEMAR, resultan obligatorias para las partes.

Mientras tanto, Sea Lion continúa avanzando hacia su etapa de perforación y Argentina se prepara para definir el siguiente movimiento jurídico una vez cumplido el plazo otorgado a Londres.