El equipo integrado por Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego incorporó una ampliación de la denuncia presentada el 29 de julio. En ese nuevo escrito señaló presuntos actos de “intimidación” y cuestionó la difusión de imágenes del allanamiento al domicilio de la exmandataria realizado en el marco de la causa Cuadernos. También incluyó referencias a declaraciones de magistrados, actuaciones sobre sus bienes y publicaciones del presidente Javier Milei en redes sociales.
La presentación inicial sostuvo que durante el proceso de la causa Vialidad se vulneraron garantías del debido proceso y derechos políticos. En ese expediente, Fernández de Kirchner recibió una condena de seis años de prisión y la prohibición de por vida de ocupar cargos públicos. La defensa pretende que el organismo internacional examine esos cuestionamientos y dé curso a las medidas solicitadas.
El próximo período de sesiones del Comité está previsto entre el 19 de octubre y el 6 de noviembre. Sin embargo, los constitucionalistas consultados por iProfesional advirtieron que esa agenda no garantiza una definición inmediata sobre el caso. El organismo está compuesto por 18 expertos independientes y analiza denuncias vinculadas con el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Diego Armesto explicó que “el comité no dicta fallos porque no es un órgano jurisdiccional” y remarcó que sus intervenciones no funcionan como las de un tribunal superior argentino. Según señaló, el procedimiento contempla la participación del Estado y puede demandar tiempo, por lo que consideró difícil que una decisión internacional derive rápidamente en una revisión judicial de la condena.
Pedro Caminos distinguió dos aspectos del reclamo: la incorporación de elementos que la defensa considera favorables a la expresidenta y el cuestionamiento a la proporcionalidad de la inhabilitación perpetua. Sobre el primer punto, evaluó que existen mayores dificultades porque el Comité no suele revisar la valoración de pruebas realizada por los tribunales nacionales. Respecto del segundo, sostuvo que sí podría analizarse si una prohibición política de por vida resulta razonable, aunque advirtió sobre la exigencia de haber agotado previamente los recursos internos.
Un pronunciamiento favorable podría ser utilizado por los abogados para solicitar una revisión ante la Justicia argentina, según el análisis de los especialistas. Caminos señaló que existe discusión sobre el alcance obligatorio de las decisiones de estos organismos, pero aclaró que el Estado debe atender sus compromisos internacionales de buena fe. Además, anticipó que una eventual postulación de Fernández de Kirchner podría generar impugnaciones y abrir otro debate ante la Justicia Electoral.
Compartinos tu opinión