La intervención del puerto de Ushuaia sumó un nuevo frente judicial luego de que el fiscal provincial Nicolás Arias imputara a Iñaki Miguel Arreseygor, director ejecutivo de la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), por presunto abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y obstaculización de tareas oficiales.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego, luego de que inspectoras de la Secretaría de Ambiente aseguraran que en tres oportunidades se les impidió ingresar a la terminal portuaria para realizar la Auditoría Ambiental Anual vinculada al manejo de residuos peligrosos.

El primer episodio habría ocurrido el 25 de agosto, cuando personal de Seguridad Portuaria negó el acceso a tres funcionarias provinciales que se habían presentado para realizar tareas de fiscalización. Posteriormente, la Provincia solicitó formalmente que se garantizara el ingreso, pero Arreseygor respondió cuestionando las atribuciones provinciales para desarrollar esos controles. Situaciones similares se habrían repetido el 1 y el 17 de septiembre.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, estas restricciones impidieron que la autoridad ambiental pudiera verificar aspectos relacionados con la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. La investigación, sin embargo, no apunta hasta el momento a un hecho concreto de contaminación, sino a los presuntos impedimentos para ejercer las funciones de control.

A partir de estos antecedentes, Arias consideró que la conducta denunciada podría encuadrar en los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público e impedimento o estorbo a un funcionario en ejercicio de sus funciones. Además, pidió ampliar la investigación sobre otros agentes que pudieran haber intervenido en las decisiones o en la ejecución de las órdenes.

El expediente abrió además una discusión sobre qué jurisdicción debe continuar con la causa. Mientras la Fiscalía provincial sostiene que Tierra del Fuego conserva facultades de control ambiental sobre el puerto, la jueza de Instrucción N.º 2 de Ushuaia, María Cristina Barrionuevo, entendió que al tratarse de decisiones adoptadas por funcionarios nacionales corresponde la intervención de la Justicia Federal.

Por ese motivo, las actuaciones fueron remitidas al Juzgado Federal de Ushuaia, a cargo de Federico Calvete, que deberá resolver sobre la competencia. Por el momento, Arreseygor se encuentra imputado en el marco de la investigación, sin que exista una resolución judicial que determine responsabilidad penal.