La decisión de la Justicia Federal de Río Grande de ordenar el cese de las actividades pesqueras sin autorización argentina en aguas de las Islas Malvinas representa una nueva intervención judicial sobre la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur. La medida cautelar, dictada por la jueza Mariel Borruto, alcanza a empresas extranjeras que operan en la zona y busca prevenir posibles daños ambientales mientras se desarrolla una demanda civil que también contempla un importante reclamo económico.
En comunicación con FM del Pueblo, el secretario del Juzgado Federal de Río Grande, doctor Juan Vicente, explicó los fundamentos de la resolución y aclaró que el procedimiento no está relacionado con los buques extranjeros que habitualmente operan cerca del límite de las 200 millas, sino con compañías que realizan actividades extractivas en aguas circundantes a Malvinas bajo autorizaciones que no fueron otorgadas por el Estado argentino.
Las empresas españolas y las operaciones pesqueras en Malvinas
Vicente indicó que la medida comprende a más de una docena de empresas, principalmente de capitales españoles, que desarrollan actividades pesqueras en el Atlántico Sur. La particularidad del expediente radica en que estas compañías operan en aguas de las Islas Malvinas mediante permisos que, desde la posición jurídica argentina, no reemplazan las autorizaciones exigidas por las autoridades nacionales.Durante la entrevista, el funcionario judicial diferenció esta situación de los casos que habitualmente se conocen por la presencia de embarcaciones extranjeras en los límites de la Zona Económica Exclusiva. Explicó que, mientras algunas flotas operan cerca de la milla 200 y generan controversias por sus movimientos en ese sector, la investigación actual se concentra en buques que pescan directamente en aguas circundantes a las islas.
En ese contexto, señaló que las compañías involucradas deberán abstenerse de continuar con las actividades extractivas si no cuentan con la autorización correspondiente del Estado argentino. La disposición judicial alcanza a doce empresas y grupos españoles y siete estructuras empresariales hispano-isleñas, de acuerdo con la información difundida sobre el expediente.
El riesgo ambiental que fundamenta la resolución judicial
Uno de los aspectos centrales de la explicación brindada por Vicente estuvo relacionado con la protección de la biodiversidad marina. El secretario sostuvo que la causa tiene naturaleza civil y ambiental, debido a que la extracción de recursos pesqueros sin autorización argentina podría generar consecuencias sobre las especies y el equilibrio del ecosistema del Atlántico Sur.El funcionario explicó que cualquier actividad extractiva implica una evaluación de sus efectos ambientales y de los beneficios que puede generar. Sin embargo, en este caso, la explotación cuestionada no cuenta con autorización del Estado argentino, circunstancia que forma parte de los argumentos considerados para disponer una medida preventiva.
Según detalló, el objetivo de la cautelar es evitar que las operaciones continúen mientras se determina si los hechos denunciados se encuentran acreditados. La preocupación principal está relacionada con la posibilidad de que se produzcan daños ambientales cuya reparación posterior resulte imposible o extremadamente difícil.
En ese sentido, remarcó que la Justicia no resolvió todavía el fondo de la controversia, sino que adoptó una decisión provisoria para preservar los derechos involucrados y evitar que el transcurso del proceso judicial pueda agravar las consecuencias de las actividades cuestionadas.
Cómo serán notificadas las empresas extranjeras
Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue el procedimiento necesario para comunicar la resolución a las compañías demandadas, teniendo en cuenta que muchas de ellas tienen sus domicilios legales fuera de la Argentina.Vicente explicó que las notificaciones deberán realizarse mediante los mecanismos correspondientes a las actuaciones judiciales internacionales, con intervención de la Cancillería argentina. Este procedimiento permitirá poner formalmente en conocimiento de las empresas la existencia de la medida cautelar y garantizar que puedan presentarse en el expediente para ejercer su derecho de defensa.
La intervención de las autoridades diplomáticas constituye una etapa necesaria para avanzar con las comunicaciones hacia las sociedades extranjeras. Por ese motivo, el cumplimiento efectivo de la resolución dependerá también de las notificaciones y de los mecanismos jurídicos disponibles para este tipo de procesos.
Además de la orden de abstenerse de continuar con la actividad pesquera sin autorización argentina, las compañías deberán aportar documentación relacionada con sus operaciones. El requerimiento comprende información sobre embarcaciones, capturas, permisos, contratos y otros antecedentes que permitan conocer cómo desarrollan sus actividades comerciales en el Atlántico Sur.
Las empresas dispondrán de diez días judiciales desde sus respectivas notificaciones para presentar las declaraciones juradas y la documentación exigida por el tribunal.
El reclamo económico todavía deberá ser demostrado
La demanda fue presentada por la Fundación Agustina Lerena, presidida por César Augusto Lerena, con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Salvador Barcesat. Además de solicitar medidas para detener las operaciones pesqueras cuestionadas, la organización reclama una reparación por los presuntos perjuicios económicos y ambientales ocasionados durante varias décadas.De acuerdo con la presentación judicial, entre 1989 y 2025 las empresas demandadas habrían extraído aproximadamente 4.101.131 toneladas de recursos pesqueros. Sobre esa estimación, la fundación calculó un perjuicio económico que podría alcanzar los 26.465 millones de dólares a valores mayoristas, aunque esa cifra constituye una pretensión de la parte demandante y todavía no fue reconocida judicialmente.
Consultado sobre este aspecto, Vicente fue especialmente cuidadoso al diferenciar las afirmaciones de la organización denunciante de los hechos que efectivamente deberán ser acreditados durante el proceso. Explicó que los cálculos sobre las cantidades extraídas y las ganancias obtenidas forman parte de una cuestión compleja que requiere pruebas y que todavía no fue analizada en profundidad por el tribunal.
El secretario señaló que las estimaciones pueden elaborarse a partir de la capacidad de captura de las embarcaciones y de sus operaciones durante determinados períodos, pero aclaró que esos cálculos deberán ser sometidos a evaluación judicial. También recordó que, al tratarse de un proceso civil, las empresas demandadas tendrán la posibilidad de presentar sus argumentos y la documentación que consideren necesaria para controvertir los reclamos.
Por lo tanto, la medida cautelar no significa que la Justicia haya determinado la existencia de un daño económico por los montos reclamados, sino que busca evitar posibles perjuicios mientras se desarrolla la investigación y se incorporan los elementos probatorios.
Una intervención particular de la Justicia Federal fueguina
Durante la comunicación radial, Vicente también fue consultado sobre los antecedentes del Juzgado Federal de Río Grande en causas relacionadas con la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur. Al respecto, explicó que anteriormente existieron actuaciones vinculadas con cuestiones pesqueras y actividades extractivas en la zona de Malvinas, aunque reconoció que el expediente actual presenta características particulares.La causa adquiere relevancia por la cantidad de compañías involucradas, la dimensión ambiental del planteo y las dificultades que supone avanzar judicialmente contra sociedades radicadas en otros países. También incorpora la discusión sobre las autorizaciones necesarias para explotar recursos pesqueros en espacios marítimos cuya soberanía es objeto de una controversia internacional.
La resolución firmada el 6 de noviembre establece una medida preventiva que continuará vigente hasta que las empresas obtengan las autorizaciones correspondientes del Estado argentino o hasta que el tribunal disponga una modificación. Mientras tanto, el expediente seguirá su curso para determinar las responsabilidades que pudieran corresponder y evaluar las pruebas relacionadas con los presuntos daños ambientales y económicos.
De esta manera, la Justicia Federal de Río Grande avanza en una causa que coloca nuevamente a Tierra del Fuego en el centro de la discusión sobre los recursos naturales de Malvinas, con una intervención que busca preservar el ambiente marino mientras se analizan los planteos presentados por la organización demandante.
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