La disputa judicial por el acceso a información vinculada con la administración del Puerto de Ushuaia sumó un nuevo capítulo. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y la Administración General de Puertos (AGP) apelaron el fallo que las obligaba a entregar documentación sobre el funcionamiento y los movimientos económicos de la terminal, y la medida quedó suspendida mientras interviene una instancia superior.

La decisión fue adoptada el 5 de noviembre por el juez federal Federico Calvete, quien concedió con efecto suspensivo los recursos presentados por ambos organismos nacionales. De esta manera, la orden de proporcionar la documentación no deberá cumplirse por el momento y quedará sujeta a lo que determine la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

El expediente se inició a partir de una acción promovida por el Diario del Fin del Mundo, que reclamó acceso a información pública relacionada con contrataciones, movimientos financieros, utilización de recursos, personal y aspectos operativos del puerto desde el comienzo de la intervención nacional.

El 30 de octubre, Calvete había hecho lugar al planteo y ordenado a la ANPyN y la AGP entregar, dentro de un plazo de diez días, la información que permanecía pendiente, además de permitir el acceso a los expedientes administrativos correspondientes. En esa resolución se consideró que las respuestas aportadas hasta ese momento no satisfacían completamente las obligaciones previstas en la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública.

Sin embargo, el 3 de noviembre los dos organismos nacionales recurrieron el fallo y solicitaron que su cumplimiento quedara suspendido mientras se analizaba la apelación. Dos días después, el juez hizo lugar a ese pedido en cuanto al efecto del recurso.

Según informó el medio que inició la causa, la ANPyN sostuvo que ya había respondido los requerimientos formulados y que no contaba con información adicional sobre el destino de los fondos generados por la explotación del Puerto de Ushuaia. La AGP, en tanto, planteó que había dado respuesta sobre aquellos aspectos correspondientes a su competencia y que no estaba obligada a producir nueva documentación ni a aportar datos que correspondieran a otro organismo.

La discusión judicial se desarrolla en medio de los cuestionamientos por la administración de los ingresos generados por la terminal desde que Nación asumió su intervención el pasado 21 de enero. Los trabajadores portuarios vienen señalando que la Dirección Provincial de Puertos dejó de percibir recursos provenientes de los servicios y que parte de sus obligaciones se afrontan con reservas provinciales.

En ese contexto, el acceso a datos sobre ingresos, gastos, contrataciones y movimientos financieros se convirtió en uno de los puntos centrales del conflicto. La apelación no supone por sí misma la existencia de irregularidades en la administración de los fondos, pero sí demora el acceso a la documentación que había sido ordenada judicialmente.

La causa también había generado cuestionamientos por las restricciones existentes para consultar el expediente. En su resolución del 30 de octubre, el juzgado había dispuesto levantar esa limitación general, salvo respecto de aquella documentación alcanzada por algún régimen de protección específico.

Ahora será la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia la encargada de revisar el fallo. Hasta que exista una decisión sobre los recursos presentados, continuará suspendida la obligación de la ANPyN y la AGP de entregar la información reclamada sobre la administración del Puerto de Ushuaia.