En los juegos en línea, conversar con alguien que ayuda a completar una misión es parte de la experiencia. Una señal de alerta aparece cuando esa persona insiste en seguir la charla en un canal privado y le pide al chico que oculte el vínculo. La psicóloga Sonia Almada, fundadora de la asociación civil Aralma, advierte que ese pedido de silencio puede aislar a niñas, niños y adolescentes de quienes podrían ayudarlos.

Este 13 de noviembre se conmemora en la Argentina el Día de la Lucha contra el Grooming. La fecha recuerda la sanción, en 2013, de la Ley 26.904, que incorporó al Código Penal el contacto por medios electrónicos con una persona menor de edad con el propósito de cometer un delito contra su integridad sexual.

Almada explica que quien busca ganarse la confianza de un chico puede presentarse como alguien de su edad y mostrarse dispuesto a escucharlo. Una frase como “es algo nuestro” puede convertir una conversación que parecía amistosa en un secreto difícil de contar. Si el agresor consigue imágenes o mensajes íntimos, puede amenazar con enviarlos a familiares o compañeros de escuela para imponer nuevas exigencias. Esa forma de chantaje se conoce como sextorsión.

La circulación del material abre otra dimensión del problema. En España, una investigación de la fundación Maldita.es identificó en TikTok más de mil videos de abuso sexual infantil que acumulaban más de 48 millones de visualizaciones. El relevamiento también detectó transmisiones en vivo en las que usuarios ofrecían dinero para dirigir los abusos a distancia.

El daño puede prolongarse aun después de que termina el contacto con el agresor. Una imagen puede volver a circular meses o años más tarde. A eso se suma el uso de inteligencia artificial para crear imágenes sexuales falsas a partir de fotografías públicas. Para la persona expuesta, señala Almada, el temor de que ese material llegue a su familia o a su escuela es real.

“No se puede trasladar a quien está siendo capturado la responsabilidad de evitar su captura”, sostiene la psicóloga. Su planteo pone el foco en las decisiones de quienes tienen capacidad de intervenir: las instituciones que forman y acompañan a las familias, los Estados que financian la prevención y las plataformas que deciden cómo moderan sus transmisiones y qué hacen cuando detectan material de abuso.