Tras la aprobación de la Ley de Financiamiento Educativo en Tierra del Fuego, el secretario general del SUTEF, Horacio Catena, reclamó al Gobierno provincial que avance rápidamente con su promulgación y reglamentación. Además, sostuvo que la sanción representa un primer paso y anticipó que el gremio continuará exigiendo mayores recursos para las escuelas públicas y una revisión de la política tributaria provincial.
La sanción de la Ley de Financiamiento Educativo abrió una nueva etapa en el debate sobre los recursos destinados a la educación pública de Tierra del Fuego. Para el secretario general del SUTEF, Horacio Catena, la aprobación legislativa constituye un avance importante, aunque advirtió que todavía quedan decisiones económicas y políticas pendientes para garantizar mejoras concretas en el sistema educativo.
El dirigente sindical consideró que el próximo desafío será incrementar el presupuesto educativo provincial y revisar los mecanismos de recaudación. En ese sentido, planteó la necesidad de discutir la política fiscal y la distribución de la riqueza, al entender que existen sectores económicos con capacidad para contribuir con mayores recursos.
Catena sostuvo que Tierra del Fuego atraviesa una situación económica compleja, caracterizada por la pérdida de puestos de trabajo y las dificultades que enfrentan numerosas familias. Sin embargo, señaló que el impacto de la crisis no es igual para todos y cuestionó que determinados sectores mantengan una posición económica favorable mientras gran parte de la población pierde poder adquisitivo.
Respecto de la implementación de la normativa, reclamó que el Poder Ejecutivo provincial avance sin demoras con los procedimientos necesarios para ponerla en funcionamiento. “Nosotros esperamos la promulgación urgente y la reglamentación mínima”, expresó, al considerar que el contenido de la ley es suficientemente claro y no existen razones para postergar su aplicación ni el inicio de la recaudación prevista.
El titular del SUTEF también se refirió al proceso político que permitió alcanzar los votos necesarios para aprobar la iniciativa. En particular, destacó la decisión de la legisladora Laura Colazo, quien modificó su postura y acompañó el proyecto luego de impulsar la incorporación de recursos destinados a la tecnificación de los establecimientos educativos mediante un fondo de la FAM.
Para Catena, la discusión legislativa permitió exponer las diferentes posiciones políticas respecto del financiamiento de los servicios públicos. En ese marco, cuestionó a los sectores que rechazaron la propuesta y vinculó esa postura con las políticas de ajuste que, según su interpretación, afectan tanto a la provincia como al conjunto del país.
El dirigente remarcó que el deterioro de la infraestructura escolar, las dificultades para garantizar los servicios alimentarios y la situación salarial de los docentes fueron algunos de los problemas que impulsaron el reclamo. También aclaró que la normativa no pertenece exclusivamente al sindicato, sino que surgió de una construcción en la que participaron el Ejecutivo y distintos bloques legislativos.
“El balance es un poquito más justo porque se están discutiendo recursos para la escuela pública, para los pibes y las pibas de la escuela pública”, manifestó Catena, aunque reconoció que los fondos contemplados todavía resultan insuficientes frente a las necesidades del sistema.
Finalmente, interpretó la sanción como una señal política frente al modelo económico impulsado por el Gobierno nacional. Consideró que haber instalado el debate sobre el financiamiento de la educación pública representa un cambio importante en un contexto de restricciones presupuestarias y sostuvo que el sindicato continuará reclamando mayores inversiones para garantizar escuelas en condiciones, salarios dignos y una educación pública, gratuita y de calidad.
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