Un informe difundido por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios alertó sobre las consecuencias económicas del contrabando, la subfacturación y la comercialización irregular de productos. Aunque disminuyó la cantidad de vendedores ilegales en las calles, parte de la actividad se trasladó a plataformas digitales y aplicaciones de mensajería, donde los controles resultan más complejos.
El avance del comercio clandestino en Argentina genera preocupación entre los sectores empresariales por sus efectos sobre la recaudación fiscal, la actividad comercial y los puestos de trabajo registrados. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) advirtió que la circulación de mercadería fuera de los canales legales perjudica especialmente a los negocios que cumplen con sus obligaciones impositivas y laborales.
Uno de los principales cambios detectados es la transformación de las modalidades de venta ilegal. Mientras los controles permitieron reducir la presencia de vendedores informales en la vía pública, las redes sociales y los servicios de mensajería comenzaron a concentrar parte de estas operaciones, dificultando la identificación del origen de los productos y la fiscalización de las transacciones.
Los datos correspondientes a octubre reflejan que en la Ciudad de Buenos Aires se identificaron 95 puestos de venta callejera ilegal, lo que representa una disminución del 9,5% respecto de septiembre y del 28,6% frente al mismo mes del año anterior. Sin embargo, desde la entidad aclararon que esta reducción no significa necesariamente una desaparición del problema, sino que parte de las operaciones estaría migrando hacia nuevos canales.
La gravedad del fenómeno también quedó reflejada en un estudio elaborado por la consultora MAP Latam, que ubicó a Argentina en el puesto 120 entre 158 países dentro de una clasificación internacional sobre comercio ilícito sectorial. Además, el país aparece en el lugar 16 entre 193 naciones en un índice vinculado con la criminalidad asociada a bienes gravados.
El diagnóstico fue presentado ante la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, donde la CAC reclamó medidas para combatir el contrabando, la subfacturación y la competencia desleal. La entidad sostuvo que estas prácticas no solamente provocan pérdidas de ingresos para el Estado, sino que también afectan la continuidad de empresas y oportunidades de empleo formal.
Frente a este escenario, la organización empresaria valoró los acuerdos impulsados entre el Gobierno nacional, cámaras sectoriales y plataformas digitales para mejorar el intercambio de información y detectar publicaciones vinculadas con la comercialización irregular de determinados productos.
Desde el sector comercial insistieron en que el desafío consiste en fortalecer los mecanismos de control tanto en los puntos de venta tradicionales como en los espacios digitales, con el objetivo de proteger a los comercios registrados y evitar que las operaciones clandestinas continúen ganando terreno en el mercado argentino.
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