La tensión entre los prestadores de servicios de transporte por plataformas y el Municipio de Ushuaia sumó este miércoles un nuevo capítulo. Un nutrido grupo de conductores presentó por mesa de entradas del Concejo Deliberante un documento institucional en el que manifiestan su rechazo al reciente esquema normativo y advierten que, de entrar plenamente en vigencia, avanzarán con acciones judiciales y amparos.

En la presentación, los firmantes sostienen que la ordenanza aprobada a comienzos de año funciona como un castigo encubierto hacia la actividad. Afirman que el bloque normativo “opera en los hechos como un régimen sancionatorio solapado”, vulnerando principios como la igualdad ante la ley y la libertad de trabajo, además de presentar rasgos regresivos que afectan el sustento de las familias vinculadas al sector.

El conflicto se originó en la sesión extraordinaria del 2 de enero, cuando el cuerpo legislativo local aprobó la norma que busca regular a empresas de transporte por aplicaciones como Uber, Cabify y Didi. Según relataron los conductores, el tratamiento estuvo rodeado de polémica, ya que la convocatoria inicial no incluía el tema y fue incorporado a último momento, sin un debate previo en comisiones.

La votación concluyó con ocho votos afirmativos, uno negativo y una abstención. Durante el debate, los concejales Valter Tavarone y Daiana Freiberger se apartaron de la mayoría y cuestionaron el procedimiento, al considerar que se trató de una ordenanza “aprobada de espaldas a la sociedad y sin debate real”, señalando la falta de participación de todos los sectores involucrados.

En contraposición, los bloques que acompañaron la iniciativa —PJ, FORJA, MPF y La Libertad Avanza— defendieron la ordenanza al sostener que apunta a formalizar una actividad que ya funciona en la ciudad. Entre otros puntos, la norma exige que las empresas tengan domicilio legal en Ushuaia y que los conductores se inscriban en el Registro Municipal Unificado de Conductoras y Conductores (ReMuCo). No obstante, el texto final continúa bajo análisis debido a modificaciones introducidas durante la misma sesión.

Desde el sector de los choferes cuestionan que el Municipio intente equiparar el servicio de aplicaciones con el de taxis y remises tradicionales, señalando que las exigencias de horarios y el esquema de multas no se condicen con un trabajo autónomo. También consideran excesivos los nuevos requisitos de seguros y controles de trazabilidad, al entender que muchas de esas condiciones ya son garantizadas por las propias plataformas para la seguridad de los usuarios.

Otro eje de fuerte malestar es la comparación con otros rubros digitales, como las aplicaciones de delivery, que —según remarcan— operan bajo lógicas similares sin afrontar el mismo nivel de exigencias fiscales ni de control municipal.

En el cierre del documento, los conductores solicitaron la suspensión de los operativos de control y de las sanciones hasta que se abra una discusión de fondo. Advirtieron que los problemas de la ordenanza “no se corrigen con un simple decreto reglamentario” y aseguraron que su postura se expresa desde la “buena fe, con vocación institucional y democrática”, con el objetivo de proteger su fuente laboral.