Nuevamente ha vuelto a encender la preocupación y alarmas en la zona costera de la ciudad de Ushuaia en torno a las tareas que se vienen llevando adelante en un predio ubicado entre las aguas del Río Olivia y el Canal Beagle, donde actualmente se visualizan de forma cotidiana gran cantidad de máquinas viales que se encuentran efectuando movimientos de suelo y acopio de áridos en un área de alta fragilidad ambiental, intensificando el riesgo de degradación del propio entorno natural.

Cabe señalar que, dicho predio se encuentra bajo vigilancia judicial desde hace años y en el año 2015 el Superior Tribunal de Justicia resolvió la obligación de llevar a cabo un proceso de remediación ambiental en el área, sentencia que por el momento se ha desestimado y no se ha cumplido hasta la fecha.

Teniendo en cuenta la mencionada resolución y sobre todo la importancia de proteger este frágil ecosistema costero, lo preocupante es que en el predio solo se muestra un cartel que indica ser propiedad privada de una empresa constructora local y por ahora, no se ha obtenido información sobre la habilitación comercial y minera en cuanto a las diversas tareas que viene desarrollando la entidad en esta zona.

Es importante destacar que, en virtud a lo acontecido, queda en evidencia que desde hace años se desactivó el Plan de Manejo Integrado Costero de la ciudad, el cual contemplaba un intenso trabajo de remediación y saneamiento ambiental para esta área costera en particular. Es por ello que la falta de planificación y control contribuyen aún más al deterioro y a la creciente erosión costera. Además, se debe considerar que, en octubre de 2010, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la normativa que hace mención a la desobligación sobre el modelo de desarrollo costero de la ciudad.

De acuerdo con las tareas que viene llevando adelante esta empresa en el área se han generado ocupaciones irregulares, vuelcos de escombros y el desarrollo de actividades incompatibles con el ambiente costero, lo que resalta que se debe dictar una urgencia para la pronta intervención por parte de las autoridades ambientales competentes dado a que ya existen disposiciones judiciales que no se están cumpliendo, a la vez la legislación ambiental provincial y municipal van en sentido contrario en cuanto a los usos que se le están dando a los sectores costeros de muy alta fragilidad ambiental.