Lo que comenzó como una herramienta para acceder a la vivienda terminó convirtiéndose en una carga cada vez más pesada para una docente de Ushuaia. Melisa Solís, referente de Autoconvocados UVA en la ciudad, contó que en 2018 solicitó un crédito hipotecario de 2 millones de pesos para construir su casa, pero hoy la deuda trepó a 180 millones, impulsada por la actualización ligada a la inflación.

Según explicó, el esquema ajustado por CER hace que el monto adeudado siga creciendo de manera constante, aun cuando ella ya lleva abonados 18 millones de pesos. En ese contexto, advirtió que la situación no afecta solo a su caso particular, sino que golpea a miles de familias del país que tomaron este tipo de préstamos y hoy enfrentan cuotas que, en muchos casos, superan ampliamente su capacidad de pago.

Solís señaló que su reclamo judicial contra el Banco de Tierra del Fuego continúa en curso y que, gracias a una medida cautelar, actualmente se le descuenta de su salario hasta un 35 por ciento. Esa resolución, indicó, le permitió evitar una cuota mucho más elevada, que de otro modo superaría el millón de pesos mensuales. Sin embargo, remarcó que la deuda sigue aumentando todos los días y que todavía le restan nueve años para terminar de pagar el crédito.

La docente también cuestionó la falta de respuestas de fondo por parte del sistema financiero y de las autoridades nacionales. Sostuvo que desde el banco le indican que no pueden avanzar con una solución sin una definición superior del Banco Central, mientras que las familias afectadas continúan atrapadas en una situación que consideran injusta e insostenible.

En ese marco, advirtió que muchas personas terminan vendiendo sus viviendas, pero ni siquiera así logran cancelar por completo lo que deben, quedando sin casa y con una deuda por delante durante años. También recordó que en Tierra del Fuego se consiguió una prórroga para suspender ejecuciones hipotecarias, aunque aclaró que esa herramienta solo alcanza a quienes tienen créditos con el BTF y deja afuera a otros damnificados, como los que accedieron a préstamos del Banco Nación.

Lejos de pedir una condonación, Solís insistió en que el reclamo apunta a encontrar una salida razonable. Aseguró que quienes tomaron estos créditos son trabajadores que quisieron cumplir con sus obligaciones, pero que el mecanismo de actualización convirtió esa posibilidad en una deuda que, con el paso del tiempo, se volvió imposible de afrontar.