Una publicación internacional generó fuerte repercusión al señalar que el Gobierno nacional habría puesto sobre la mesa el puerto de Ushuaia como parte de una negociación para que Argentina se incorpore a un nuevo esquema geopolítico impulsado por Estados Unidos.

Según el artículo difundido por Foreign Affairs Latinoamérica —y replicado por medios nacionales— la gestión de Javier Milei habría planteado la posibilidad de ceder el control del puerto fueguino como un activo estratégico, con el objetivo de facilitar el ingreso del país a la denominada “Junta por la Paz”, una iniciativa atribuida al presidente estadounidense Donald Trump.

De acuerdo a esa versión, la membresía en ese espacio tendría un costo estimado en 1.000 millones de dólares, y el puerto de Ushuaia formaría parte de una propuesta para cubrir ese ingreso. La información se da en un contexto de tensiones tras la intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación sobre la terminal portuaria de la capital fueguina.

A los pocos días de esa decisión, un avión vinculado al Departamento de Defensa de Estados Unidos habría aterrizado en Ushuaia, lo que alimentó las especulaciones en torno a posibles acuerdos estratégicos. Desde la embajada norteamericana indicaron que se trató de una delegación bipartidista, aunque sin brindar mayores detalles.

El informe sostiene que la intervención del puerto podría inscribirse en una estrategia más amplia de política exterior, donde el control federal permitiría destinar esa infraestructura a fines comerciales y también militares, en el marco de una relación bilateral más estrecha.

Además, se vincula este escenario con el interés internacional en la región, particularmente por la proyección hacia la Antártida y el monitoreo de otras potencias. En ese sentido, el proyecto de la Base Naval Integrada aparece como un punto central dentro del análisis.

El puerto de Ushuaia es considerado uno de los principales nodos logísticos del Atlántico Sur y una puerta de acceso estratégica al continente antártico. En las últimas temporadas, habría registrado un importante movimiento con más de 1.300 buques entre actividades turísticas, científicas, pesqueras y operativas, movilizando a cientos de miles de personas.

Hasta el momento, no existiría confirmación oficial por parte del Gobierno nacional respecto de estas versiones, que ya generan preocupación y debate en distintos sectores políticos y estratégicos del país.