La intervención federal del Puerto de Ushuaia avanzó con una contratación destinada a renovar y ampliar instalaciones eléctricas y de provisión de agua dentro de la terminal portuaria. El proceso contempla una inversión de USD 2.001.281 y $1.004.444.050 para trabajos básicos, además de otros $185.139.930 previstos para eventuales tareas adicionales. La apertura de ofertas está programada para el 16 de septiembre y el plazo de ejecución será de 365 días corridos.

La licitación, impulsada por la Administración General de Puertos S.A.U. (AGP) en el marco de la intervención dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), incluye trabajos de relevancia sobre dos servicios esenciales. Sin embargo, según surge de la documentación del procedimiento, la Dirección Provincial de Energía (DPE) y la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) no habrían participado previamente en la definición de los criterios técnicos que deberán cumplir las nuevas instalaciones.

El proyecto eléctrico contempla intervenciones en la sala transformadora de Media a Baja Tensión, tableros, protecciones, alimentadores, tendidos subterráneos, iluminación, fuerza motriz y sistemas de puesta a tierra. En paralelo, las obras vinculadas al suministro de agua incluyen tareas de mantenimiento y reacondicionamiento del bombeo, ensayos de funcionamiento y trabajos sobre las cañerías de distribución. Se trata, por lo tanto, de modificaciones que alcanzarán sectores estratégicos para el funcionamiento cotidiano del puerto.

Uno de los puntos que genera mayores interrogantes aparece en el propio pliego. Allí se establece que será el responsable técnico de la empresa que resulte adjudicataria quien deberá gestionar posteriormente los permisos, aprobaciones y autorizaciones ante las prestatarias y organismos provinciales o municipales correspondientes. De esta manera, las exigencias técnicas de DPE y DPOSS quedarían para una etapa posterior a la adjudicación, con la posibilidad de que ambos organismos soliciten modificaciones si las obras proyectadas no se ajustan a sus normas.

La documentación también reconoce que las intervenciones podrían afectar temporalmente el suministro eléctrico y establece que los cortes deberán reducirse al mínimo y coordinarse con cinco días hábiles de anticipación para preservar la operatoria portuaria. En ese contexto, el cuestionamiento no apunta a la necesidad de renovar instalaciones deterioradas, sino al mecanismo elegido para hacerlo: una inversión de gran magnitud sobre las redes de agua y electricidad del principal puerto fueguino fue licitada antes de acordar técnicamente las obras con los organismos provinciales responsables de prestar y controlar esos servicios.