La presidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández, dialogó con Radio Nacional Ushuaia donde analizó la ley recientemente sancionada en la Legislatura Provincial que traen cierto alivio al sector comercial de la provincia.

La normativa aprobada por unanimidad instruye a la Agencia de Recaudación Fueguina a suspender el inicio de ejecuciones fiscales, como también las que están, por 12 meses, con la suspensión de procesos procesales. También invita a la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, a la Dirección Provincial de Energía y a la Cooperativa Eléctrica de Río Grande a adherir a esta medida”.

Al respecto, Fernández comentó que “la diferencia entre los embargos de AREF y AFIP es que los de AFIP ya estaban suspendidos hasta julio por el Gobierno Nacional mientras que AREF, también por ley, el embargo no se realiza directamente a través de la Agencia, sino que va por medio del juzgado provincial entonces el levantamiento de las cuentas tarda prácticamente tres meses, aunque hayas cancelado en cinco o seis días la deuda. Esta situación es la que deja a la mayor parte de los comercios que no pudieron pagar, en un escenario totalmente indefenso porque la mayor cantidad de ventas en este momento se está haciendo con tarjetas.”

Según indicó Fernández, “hay alrededor de 700 ejecuciones que ya están judicializadas y por eso fue el pedido de emergencia porque realmente el comercio más chico es el que no tiene la posibilidad de cancelar la deuda y la decisión no es no pagar, sino prorrogar esto que sabemos que es paliativo y no una solución definitiva. Veremos luego cómo seguimos trabajando con esto”.

“Estos meses tuvimos fuertes caídas en las ventas y una situación muy difícil en el comercio donde la única opción era pagar sueldos. FORJA fue el primer bloque en presentar el proyecto bajo la figura de emergencia y a partir de ahí empezamos a trabajar con la legislatura y hubo un consenso y ayer se votó por unanimidad. Es un alivio y no una solución, pero tenemos un año para normalizar este tema. También convocaron a DPOSS, Energía y a la Cooperativa Eléctrica para que adhieran a esta ley. El paso siguiente debería ser una moratoria para que puedan cancelar”, concluyó Fernández.