En un pronunciamiento que reaviva el debate sobre el futuro de la acuicultura en la provincia, el Consejo Provincial de Medio Ambiente (CPMA) emitió un dictamen contrario al proyecto del Ejecutivo que busca reemplazar la Ley 1355 por un nuevo marco regulatorio integral. El organismo cuestionó tanto el contenido de la propuesta como el proceso legislativo seguido para su análisis.
El dictamen CPMA N.º 002/2025, firmado por su entonces presidenta y secretaria de Ambiente, Andrea Bianchi, fue remitido a la Legislatura este miércoles. Allí se sostiene que la iniciativa impulsada por el Gobierno implicaría “una alteración total de la normativa ambiental vigente”, al desplazar competencias centrales hacia la Secretaría de Pesca y desarticular la estructura institucional que hasta hoy sostiene la política ambiental provincial.
Advertencias sobre fragmentación institucional
El Consejo remarcó que cualquier modificación en la organización de la gestión ambiental debe preservar su carácter integral. Según el documento, dividir responsabilidades entre áreas sectoriales podría debilitar controles, diluir compromisos y contradecir principios de jerarquía constitucional como la prevención, la precaución y la no regresividad.En ese sentido, se subraya que el ambiente debe ser tratado como un sistema único y complejo, y que toda transformación normativa debe garantizar que los niveles de protección alcanzados no retrocedan.
El valor participativo detrás de la Ley 1355
Para el Consejo, la ley vigente no solo protege recursos naturales y ecosistemas lacustres y marinos, sino que además es resultado de un proceso participativo amplio iniciado en 2018, con la intervención de organizaciones civiles, instituciones científicas y actores gubernamentales. Ese recorrido, afirman, derivó en un consenso social mayoritario ratificado en 2021 con su sanción legislativa.El dictamen también recuerda que la norma incorpora modalidades de producción artesanal de truchas con límites anuales, mientras que la prohibición se aplica a la acuicultura en ambientes lacustres y marinos. La producción en tierra, aclara, permanece bajo regulaciones de la ley de Recursos Hídricos.
Cuestionamientos al tratamiento legislativo
El documento señala además deficiencias en la instancia de debate público. Cita el Acuerdo de Escazú y exige que un cambio de este alcance garantice transparencia y participación ciudadana efectiva, algo que —según el CPMA— el actual trámite en comisión no habría asegurado.El pronunciamiento cuenta con las firmas de representantes legislativos y de instituciones como la ONG Manekenk, el CADIC y la UNTDF.
La postura oficial: “no hay retroceso ambiental”
Paralelamente al dictamen, la ministra de Producción y Ambiente envió a la Legislatura un informe en el que defiende la iniciativa del Ejecutivo. La funcionaria afirmó que el proyecto propone un marco “moderno, regulado y sustentado en criterios científicos y tecnológicos”, y que no implica un debilitamiento de la tutela ambiental.Según el documento, la propuesta incorpora herramientas que hoy la provincia no posee: sistemas de recirculación (RAS) para uso eficiente del agua, fortalecimiento institucional y científico, diversificación productiva con especies nativas, creación de empleo local y mayor claridad en la distribución de competencias estatales.
La ministra también remarcó que la prohibición de cultivar salmónidos en el canal Beagle se mantiene intacta, tanto en la Ley 1355 como en la propuesta del Ejecutivo. Indicó que se suman instancias de Evaluación Ambiental Estratégica para definir zonas aptas y la obligatoriedad de estudios de impacto para cada emprendimiento.
Un debate que, según el Ejecutivo, debe superar el “sí o no”
Para la funcionaria, la discusión sobre acuicultura debe enfocarse en cómo generar alternativas productivas que acompañen la creación de empleo, la permanencia de jóvenes en la provincia y la soberanía alimentaria, sin descuidar los equilibrios ecosistémicos.“El desafío es construir desarrollo ordenado. No existe producción sin ambiente, pero tampoco ambiente protegido sin oportunidades para la gente”, concluye la postura enviada al Parlamento.
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