Ushuaia enfrenta un riesgo sísmico que no puede seguir siendo postergado. A pesar de contar desde hace ocho años con un marco normativo específico, la ciudad continúa sin estudios de suelo detallados que permitan determinar con precisión qué tipo de construcciones son adecuadas en cada sector del ejido urbano.

En 2017, el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza Municipal N.º 5343, que estableció de manera explícita la necesidad de realizar una microzonificación sísmica. Este estudio técnico consiste en elaborar un mapa de riesgo que divida la ciudad en zonas según el tipo de suelo y su comportamiento ante un sismo, definiendo así los criterios estructurales adecuados para cada área. Sin embargo, la ordenanza nunca fue ejecutada.

La situación adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que Ushuaia se encuentra próxima al sistema de falla Magallanes–Fagnano, límite entre placas tectónicas responsable del terremoto de magnitud 8.0 registrado en 1949, uno de los más importantes de la historia del país. A este factor se suma la compleja composición del subsuelo urbano.

Especialistas advierten que bajo la ciudad conviven suelos muy distintos. En las zonas bajas predominan sedimentos blandos, que amplifican las ondas sísmicas y presentan riesgo de licuación, un fenómeno que provoca la pérdida de capacidad portante del terreno. En sectores de ladera, en tanto, existe un riesgo significativo de deslizamientos ante movimientos sísmicos de mediana o alta intensidad.

La ausencia de una microzonificación sísmica obliga a que los edificios se proyecten bajo criterios uniformes, sin diferenciar las exigencias estructurales según el riesgo real del terreno. Esto implica que, en áreas de mayor vulnerabilidad, las demandas sísmicas podrían estar siendo subestimadas, incrementando el potencial de daños graves ante un evento sísmico.

Desde el ámbito técnico, el Colegio de Ingenieros de Tierra del Fuego ya había manifestado en su momento su disposición para conducir y acompañar estos estudios. Experiencias similares en ciudades como Mendoza y San Juan —ubicadas también en zonas de elevada peligrosidad sísmica— demostraron que la planificación basada en mapas de riesgo reduce significativamente los daños en sismos posteriores. En el norte del país, Salta avanza actualmente en este mismo proceso.

La falta de implementación de la Ordenanza 5343 no solo representa un incumplimiento normativo, sino que expone a la infraestructura pública y privada a riesgos evitables. Hospitales, escuelas, edificios administrativos y viviendas continúan desarrollándose sin una base técnica actualizada que contemple las particularidades del suelo fueguino.

En un contexto donde la ocurrencia de un sismo significativo no es una hipótesis lejana, sino una posibilidad real, la elaboración de un mapa de riesgo sísmico aparece como una herramienta clave para reducir daños, salvar vidas y evitar responsabilidades institucionales que, ante un desastre, podrían resultar inevitables.