El proyecto de presupuesto municipal para 2026 ya tiene fecha de ingreso al recinto: será tratado en la séptima sesión ordinaria del Concejo Deliberante, prevista para el 6 de noviembre, momento en el que quedará habilitado para su análisis parlamentario.

La iniciativa fija el esquema de gastos y el cálculo de recursos —corrientes y de capital— necesarios para sostener la gestión del próximo año. El monto total estimado ronda los $157.000 millones, con foco en servicios esenciales, mantenimiento urbano y un paquete de obras distribuidas en distintos frentes.

En la distribución institucional, el texto asigna $141.776 millones al Ejecutivo Municipal; $12.000 millones al Concejo Deliberante; $2.800 millones a la Sindicatura; $53 millones al Juzgado de Faltas; y $345 millones a Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE).

El plan de obra pública contempla $22.729 millones y prevé avanzar con nuevas etapas del Paseo Costero; el Hogar de Ancianos; el Centro de Monitoreo; el Museo de la Escuela N.º 1; además de plazas y playones deportivos. También incluye la puesta en valor de centros comunitarios y espacios verdes, mejoras en veredas y paseos, y un esquema de reparación y pavimentación con la planta de asfalto.

Tras el ingreso formal, la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas organizará una agenda de reuniones para exponer y desglosar la ejecución del ejercicio en curso y los lineamientos previstos para 2026, convocando a las y los responsables de cada cartera.

Según el mensaje del intendente Walter Vuoto, los ejes operativos para el año próximo apuntan al fortalecimiento institucional; limpieza urbana, recolección y disposición final de residuos; Operativo Invierno; bacheo y repavimentación; mantenimiento de espacios públicos y de la red vial; y la recuperación de instalaciones deportivas y edificios municipales.

El esquema también incluye acciones de control del tránsito y formación a través de la Escuela de Educación Vial; atención sanitaria municipal; control poblacional de animales de compañía; impulso a la actividad económica local; políticas de inclusión social y la implementación de la Emergencia Habitacional, junto con programas de empoderamiento, autonomía económica, formación y capacitación.