Los trabajadores de la Municipalidad de Ushuaia podrían dejar de estar sujetos a una única entidad para percibir sus haberes. Un proyecto presentado en el Concejo Deliberante busca otorgarles la posibilidad de elegir libremente cualquier banco autorizado por el Banco Central de la República Argentina.

La iniciativa, impulsada por los bloques Somos Fueguinos y Provincia Grande, propone crear el “Régimen de libre elección de acreditación de haberes”. La adhesión sería voluntaria, por lo que quienes deseen continuar cobrando mediante el Banco de Tierra del Fuego podrán hacerlo sin efectuar modificaciones.

Para solicitar el cambio, el agente deberá informar un CBU correspondiente a una cuenta sueldo de su titularidad ante la Dirección de Bienestar de Personal. El trámite podrá iniciarse mediante un formulario digital o por escrito, acompañado por una declaración jurada, información sobre compromisos financieros vigentes y los dos últimos extractos de la cuenta utilizada hasta ese momento.

Una vez recibida la documentación, la Dirección de Haberes tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para verificar los datos. Si no encuentra observaciones, incorporará el nuevo CBU al sistema para que las siguientes liquidaciones sean depositadas en la entidad seleccionada.

El proyecto contempla que los descuentos legales, judiciales o autorizados por el propio trabajador sean aplicados antes de transferir el salario neto. Quedarían exceptuados del régimen quienes mantengan préstamos activos con el BTF bajo la modalidad de descuento directo sobre los haberes o no reúnan los requisitos administrativos exigidos.

La propuesta establece que el cambio no deberá generar costos para los empleados ni para el Municipio. Tampoco modificaría la relación institucional con el Banco de Tierra del Fuego ni alcanzaría las cuentas oficiales, la recaudación, el Tesoro municipal u otras operaciones financieras del Ejecutivo.

Los autores sostienen que la medida brindaría mayor autonomía para acceder a promociones, créditos, tasas y beneficios ofrecidos por distintas entidades bancarias. Si la ordenanza resulta aprobada, comenzaría a regir 30 días después de su promulgación y el Municipio deberá garantizar la seguridad de las transferencias.