El crecimiento de asistencias y rescates en zonas de montaña y senderos de Tierra del Fuego reactivó una discusión de fondo: quién debe asumir el costo cuando el operativo se origina en decisiones imprudentes. Tras un enero con 32 intervenciones en Ushuaia, el titular de Defensa Civil municipal, Cristian Álvarez, planteó que la Comisión de Auxilio evalúa impulsar un esquema de cobro parcial para algunos casos que demandan recursos significativos.

La postura se apoya en un criterio de responsabilidad individual. Álvarez sostuvo que, cuando se comprueba negligencia por ejemplo, salir sin calzado adecuado, con vestimenta insuficiente o en horarios que terminan dejando a la persona a merced de la noche, la persona asistida debería afrontar “algo” del operativo. No necesariamente el total, aclaró, pero sí un aporte que refleje el uso de recursos públicos y el desgaste operativo de las instituciones involucradas.

El debate, además, expone un vacío normativo: hoy no existe un mecanismo claro para fijar montos, definir cuándo corresponde el cobro ni cómo implementarlo. El propio Álvarez admitió que no cuentan con un valor exacto de cuánto cuesta un rescate porque cada situación requiere despliegues distintos, desde equipos de personal en tierra hasta, en casos puntuales, apoyo con aeronaves del Estado o de empresas privadas, siempre condicionado por disponibilidad y clima.

En paralelo, desde Defensa Civil señalaron que avanzar en controles sobre las sendas podría ayudar a reducir emergencias y, de paso, servir como respaldo para diferenciar accidentes inevitables de conductas evitables. La discusión queda ahora en manos de las autoridades políticas, que deberán definir si se avanza con un sistema de cobro, bajo qué parámetros y con qué resguardos para no desalentar los pedidos de auxilio en situaciones reales de riesgo.