El boom del senderismo y el trekking en Tierra del Fuego volvió a poner sobre la mesa una discusión que crece con cada temporada: cómo equilibrar el atractivo turístico de los circuitos, el cuidado del ambiente y la seguridad de quienes salen a la montaña. En ese marco, ingresó a la Legislatura un proyecto de ley que propone crear un esquema integral para regular la actividad en todo el territorio provincial.

La iniciativa pertenece al legislador Matías Lapadula y apunta a pasar de un uso muchas veces informal a un sistema con reglas claras. Entre sus ejes plantea habilitar formalmente senderos, definir zonas autorizadas y establecer pautas de conducta ambiental, con sanciones para quienes incumplan. Además, habilita a la autoridad de aplicación a fijar cupos, restringir accesos o cerrar circuitos cuando las condiciones lo ameriten.

El texto también incorpora la posibilidad de concesionar sectores de alto tránsito para sumar infraestructura básica, como sanitarios, mejoras en accesos y condiciones de circulación más seguras. A la vez, contempla exigir un seguro obligatorio a quienes practiquen estas actividades, medida que busca reducir riesgos y ordenar responsabilidades ante emergencias.

Sin embargo, parte de esos puntos ya están contemplados en la normativa vigente. Desde enero de 2024 rige la Ley 1538, conocida como Ley de Buenas Prácticas para el Desarrollo de Actividades Recreativas en Zonas Agrestes. Esa norma creó la Comisión de Auxilio, Búsqueda y Rescate, estableció la obligatoriedad del seguro para actividades de aventura y dispuso que, en caso de no contar con cobertura, los involucrados deban afrontar los costos del operativo.

La diferencia de fondo entre ambos enfoques está en el momento en que actúan. La Ley 1538 se concentra en la seguridad y en qué hacer cuando ocurre un accidente o una situación de extravío. En cambio, el proyecto de Lapadula busca ordenar la etapa previa: qué senderos se habilitan, bajo qué condiciones se usan y cómo se gestiona el impacto ambiental del creciente flujo de visitantes.

De todos modos, el cruce entre normas aparece como un punto a resolver. El seguro obligatorio, por ejemplo, ya figura en la ley actual, por lo que el nuevo proyecto podría generar duplicaciones. También hay coincidencias en las facultades de la autoridad de aplicación para definir circuitos seguros o establecer restricciones, lo que abre la necesidad de ajustar redacciones para evitar superposiciones o choques de competencia.

El debate legislativo llega, además, con un dato que empuja urgencias: el aumento de intervenciones de la Comisión de Auxilio. Durante 2025 se contabilizaron más de cien operativos de búsqueda y rescate en senderos de Ushuaia y zonas cercanas, con despliegues que en ocasiones involucraron a decenas de rescatistas. Y en enero de 2026 ya se registraron más de 30 intervenciones, reavivando la discusión sobre costos, prevención y responsabilidad individual.