El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur confirmó que avanzará por la vía judicial contra la intervención del puerto de Ushuaia dispuesta este miércoles por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). Desde el Ejecutivo provincial sostienen que la medida implica “un grave avasallamiento a la autonomía de la provincia” y anticiparon que ya se trabaja en una estrategia legal para revertirla.

Fuentes de la administración fueguina señalaron que el objetivo central es lograr que la Dirección Provincial de Puertos recupere “una autonomía real y concreta”. En ese marco, aseguraron que el equipo jurídico se encuentra delineando los pasos a seguir y confirmaron que la provincia llevará el caso a la Justicia.

La intervención generó un fuerte impacto puertas adentro del organismo portuario. Durante la jornada, empleados no pudieron ingresar a sus puestos de trabajo luego de que el nuevo interventor les negara el acceso, situación que provocó preocupación e incertidumbre laboral en el sector.

La decisión nacional establece que la ANPYN se hará cargo por el plazo de un año de la principal terminal portuaria de la provincia, con asistencia de la Prefectura Naval Argentina. La medida se adoptó en plena temporada de verano, cuando Ushuaia atraviesa uno de sus picos de actividad más importantes por la llegada constante de cruceros turísticos de distintas partes del mundo.

Desde la Agencia justificaron la intervención en presuntas irregularidades detectadas durante inspecciones. Entre ellas mencionaron faltantes de pilotes en el sitio 3 del muelle, defensas deterioradas, inconvenientes en el tablestacado y deficiencias en la carpeta asfáltica. También hicieron referencia a supuestos compromisos en la gestión administrativa y financiera, además de falencias en las condiciones básicas de seguridad operativa.

Asimismo, indicaron que no existirían registros claros de ingresos, egresos y compras, y cuestionaron la tercerización de servicios en una empresa cuyo rubro principal no estaría vinculado a la actividad portuaria. También sostuvieron que un 33% del presupuesto habría sido destinado a subsidios, mientras que solo un 1,3% se habría utilizado para obras y mejoras de servicios.

Desde el Gobierno provincial rechazaron estos argumentos y aseguraron que “no existe una razón lógica u objetiva que justifique una intervención”. Indicaron que el puerto funciona con normalidad, sin inconvenientes mayores a los que puede presentar cualquier infraestructura de este tipo. “Siempre hay cuestiones para mejorar, pero eso no habilita de ninguna manera una intervención”, remarcaron.

Además, pusieron el foco en el momento elegido para adoptar la medida, destacando que el puerto de Ushuaia se encamina a ser uno de los que mayor cantidad de recaladas registre en la región, con cerca de 600 arribos previstos entre Argentina y Chile. Subrayaron que la terminal se encuentra operativa al ciento por ciento y cumple un rol estratégico como principal puerta de ingreso a la Antártida.

En ese sentido, deslizaron que existirían “otras cuestiones de fondo” detrás de la decisión y señalaron que, desde el punto de vista administrativo, “los plazos no estaban vencidos ni existía una situación de emergencia que ameritara una medida de este tipo”.