Los trabajadores del Puerto de Ushuaia expresaron su rechazo a una licitación impulsada durante la intervención federal de la terminal, al advertir que el nuevo contrato de limpieza y mantenimiento edilicio tendría un costo mensual más de 14 veces superior al que se abonaba bajo la administración provincial.

Mediante un documento público, el personal portuario señaló que el llamado realizado por la Administración General de Puertos contempla un presupuesto de $563.376.000 más impuestos por un período de seis meses. De concretarse, el servicio representaría un gasto cercano a los $94 millones mensuales.

Los empleados compararon esa cifra con el contrato que había firmado anteriormente la Dirección Provincial de Puertos. Según indicaron, el acuerdo previo alcanzaba los $79.878.678 por doce meses, equivalente a aproximadamente $6,6 millones por mes.

La diferencia presupuestaria generó fuertes cuestionamientos entre los trabajadores, quienes reclamaron explicaciones sobre las tareas previstas y los motivos que justificarían semejante incremento. Además, advirtieron que, si el nuevo esquema se extendiera durante un año, el monto superaría los $1.126 millones más impuestos.

En el comunicado también cuestionaron los argumentos utilizados para disponer la intervención nacional. Recordaron que las autoridades habían anunciado un proceso de ordenamiento administrativo y saneamiento financiero, aunque consideraron que las decisiones adoptadas hasta el momento avanzan en sentido contrario.

Los portuarios denunciaron, además, que unas 140 familias permanecen alejadas de sus puestos habituales y atraviesan una situación de incertidumbre laboral. Al mismo tiempo, afirmaron que la Provincia dejó de recibir parte de la recaudación generada por la actividad portuaria, debido a que los fondos habrían sido direccionados hacia una cuenta vinculada con la Administración General de Puertos.

Frente a este escenario, el personal solicitó la intervención de la Justicia y de los organismos de control para que se analice el procedimiento de contratación. Los trabajadores sostienen que la diferencia entre los valores podría constituir un indicio de sobreprecios o de una administración irregular de los recursos públicos.

Finalmente, exigieron “transparencia absoluta” en el manejo de la terminal y remarcaron que el Puerto de Ushuaia forma parte del patrimonio de Tierra del Fuego. En ese sentido, señalaron que su recaudación debe ser administrada en beneficio de la provincia y de toda la comunidad fueguina.