La Municipalidad de Ushuaia puso en vigencia una nueva ordenanza que establece reglas claras para el funcionamiento del transporte de personas mediante plataformas digitales, como Uber. La normativa reemplaza por completo el esquema anterior y fija responsabilidades, requisitos y sanciones, con el objetivo de ordenar una actividad en expansión y reforzar los controles municipales.

La Ordenanza N.º 6591, sancionada por el Concejo Deliberante en una sesión extraordinaria realizada el 2 de enero y promulgada por el Ejecutivo municipal, crea un régimen integral que busca “garantizar condiciones de seguridad, trazabilidad y responsabilidad tanto para los usuarios como para quienes prestan el servicio”.

El texto define con precisión esta modalidad de transporte como aquella que vincula a pasajeros y conductores a través de aplicaciones digitales basadas en tecnologías móviles y sistemas de geolocalización. Además, designa a la Secretaría de Gobierno como autoridad de aplicación, encargada de la fiscalización y el control de la actividad dentro del ejido urbano.

La norma alcanza tanto a los prestadores del servicio titulares de los vehículos y conductores habilitados como a las Empresas de Redes de Transporte (ERT), responsables de operar las plataformas. En ese marco, se establece la obligatoriedad de inscripción en el Registro Municipal Único de Conductores (ReMuCo) y se exige que las empresas constituyan domicilio en Ushuaia, designen un representante legal con residencia en la provincia y cuenten con canales formales de atención y reclamos.

En cuanto a los vehículos, deberán cumplir condiciones técnicas y de seguridad específicas, aprobar la Revisión Técnica Obligatoria de manera anual y contar con la documentación exigida. Durante la prestación del servicio, los conductores solo podrán operar a través de plataformas habilitadas, deberán mantener el vehículo en condiciones adecuadas y respetar normas básicas de seguridad vial.

La ordenanza también aclara que las tarifas serán fijadas por las propias plataformas y aceptadas previamente por los usuarios, sin intervención directa del Estado en el precio, y que el servicio no estará sujeto a recorridos ni horarios preestablecidos, ya que responde a la demanda.

Asimismo, se incorpora un régimen de sanciones para quienes incumplan la normativa, que incluye multas y, en casos graves, la retención preventiva del vehículo. Entre las prohibiciones expresas figuran la captación de pasajeros en la vía pública sin intermediación digital y el traslado de acompañantes ajenos al servicio.

Un aspecto destacado del nuevo marco es la posibilidad de que taxis y remises se integren a las plataformas digitales, siempre que cumplan con las condiciones establecidas y mantengan la continuidad del servicio tradicional, habilitando así un esquema de convivencia regulada entre distintas modalidades.

Finalmente, la ordenanza fija plazos concretos para su implementación: el Ejecutivo deberá reglamentarla en un máximo de 90 días y se otorgará un período de adecuación de 60 días para empresas y prestadores. Durante ese lapso, se priorizará la regularización, sin dejar de intervenir ante situaciones que comprometan la seguridad o la cobertura de seguros.

Con este nuevo régimen, Ushuaia avanza en la regulación del transporte por aplicaciones, buscando equilibrar la demanda de movilidad flexible con la necesidad de control público y seguridad vial.