La empresa Newsan, uno de los principales grupos del sector electrónico, profundizó su plan de recorte con el despido de 45 operarios y la suspensión de otros 70 en sus plantas de Monte Chingolo y Avellaneda, en el conurbano bonaerense. La situación encendió la alarma entre los trabajadores y el gremio metalúrgico, y genera preocupación en el entramado industrial de Tierra del Fuego, donde la firma tiene un peso clave en términos productivos y de empleo.

Desde la compañía atribuyeron las medidas a una baja en las ventas, aunque desde el sector laboral aseguran que se trata de despidos encubiertos, ejecutados a través de la finalización de contratos a plazo fijo que, por antigüedad, ya deberían haberse transformado en puestos efectivos. Según relataron empleados afectados, muchos llevaban más de un año trabajando en la firma.

Si bien la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Avellaneda logró un acuerdo provisorio para sostener los puestos durante febrero, el panorama vuelve a quedar abierto a partir de marzo, con el riesgo concreto de nuevas desvinculaciones y un clima de creciente incertidumbre para las familias.

Las explicaciones empresariales también son cuestionadas a partir de datos financieros: un informe de Moody’s Local publicado en septiembre de 2025 indicó que Newsan mantiene una posición competitiva sólida y bajos niveles de endeudamiento, lo que refuerza la postura sindical de que las decisiones responden más a un reordenamiento interno y criterios de rentabilidad que a una crisis estructural.

A esto se suma la diversificación del grupo, que además de electrónica opera en rubros como alimentos, cosmética y bienes de consumo masivo, un escenario que, para los trabajadores, vuelve menos creíble el argumento de una caída generalizada de la actividad.

El conflicto viene arrastrándose desde octubre del año pasado, con suspensiones rotativas de una semana por mes. Tras el receso de enero, varios operarios denunciaron que directamente no fueron reincorporados. Desde la empresa sostienen que existe un stock acumulado —principalmente de motos— suficiente para cubrir varios meses, lo que profundizó el malestar gremial.

Más allá del impacto laboral inmediato, la situación tiene un fuerte costado social: muchos de los empleados afectados padecen problemas de salud derivados de años de tareas metalúrgicas y sostienen hogares con hijos a cargo, algunos con tratamientos médicos que dependen de la obra social. La pérdida del empleo o la suspensión indefinida pone en riesgo no solo los ingresos, sino también el acceso a la atención sanitaria.

El escenario se da además en medio del debate nacional por una reforma laboral, y el caso Newsan aparece como una señal de alerta para todo el sector industrial. Mientras cerca de la mitad del personal de las plantas bonaerenses permanece suspendido sin fecha de retorno, crece la preocupación por posibles réplicas de estas medidas en otras unidades del grupo, en una industria que ya atraviesa un contexto complejo en todo el país.