La situación del empleo registrado en el sector comercial de Río Grande continúa deteriorándose. Así lo advirtió el secretario general del Centro de Empleados de Comercio (CEC), Daniel Rivarola, quien expresó su preocupación por el incremento de trabajadores despedidos y la creciente informalidad laboral que se percibe en distintos puntos de la ciudad.

Según precisó en declaraciones radiales a FM Aire Libre, durante 2023 se contabilizaron 365 desvinculaciones en el sector, a las que se suman unas 90 en lo que va del año. “Es una reducción importante de puestos de trabajo en el comercio, y lo que observamos es que no se reemplazan esos empleos, salvo en casos puntuales como algunas empresas de limpieza, donde pueden reincorporar personal si se amplían los servicios”, explicó.

Para Rivarola, los despidos masivos no implican que el comercio haya dejado de funcionar: “Lo que creemos, aunque no lo podemos comprobar por nuestra cuenta, es que muchos trabajadores están siendo absorbidos por la informalidad. Es decir, pasan a trabajar en negro o bajo condiciones irregulares para mantener las actividades comerciales”, alertó.

El dirigente sindical señaló que esta tendencia se refleja principalmente en kioscos 24 horas, minimercados y pequeños locales de barrio, especialmente en horarios nocturnos o vespertinos. “Son espacios donde la fiscalización es casi nula. Allí es donde más trabajadores sin registrar estamos detectando, algo que no podría pasar si el control del Ministerio de Trabajo fuera más constante y efectivo”, remarcó.

Rivarola también cuestionó la falta de inspecciones por parte de los organismos competentes como el Ministerio de Trabajo provincial, su par nacional y el ente recaudador ARCA. “Nosotros, desde el gremio, terminamos haciendo tareas que no nos corresponden, actuando casi como inspectores en Río Grande y Tolhuin, pero claramente no damos abasto”, aseguró.

Además, lamentó que ante las denuncias que realizan, la respuesta oficial sea limitada. “El Estado debería tener una presencia continua, no solo actuar cuando hay denuncias. Ir dos veces al mismo lugar, mientras hay otros sin control, no tiene sentido”, sostuvo.

Otro de los factores que, según el gremio, desalientan la fiscalización, es el costo político que implica descubrir trabajadores en negro. “Muchas veces, cuando se detecta a alguien en esa condición, termina siendo despedido, y el Estado no quiere asumir la responsabilidad por ese desenlace”, explicó.

Por último, Rivarola hizo referencia a la caída del consumo como una de las causas que explican parcialmente la reducción de personal. “Vemos horarios que solían estar llenos en los supermercados y ahora están vacíos. Eso marca una baja en el nivel de ventas, pero lo preocupante es que parte del ajuste se traslade a la precarización laboral”, concluyó.