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Gremiales

Reforma laboral: el Gobierno busca regular el trabajo en plataformas y reducir la informalidad

El Gobierno nacional avanza con una ambiciosa reforma laboral que pretende ordenar un mercado profundamente transformado por la digitalización y la precarización. En ese marco, se trabaja en la regulación del trabajo en plataformas tecnológicas —como Rappi, Pedidos Ya, Uber, Didi o Cabify—, que hoy emplean a cientos de miles de personas en el país.

Según estimaciones oficiales, Rappi cuenta con 80 mil repartidores, Pedidos Ya con 40 mil, Uber con 400 mil conductores, Didi con 350 mil y Cabify con unos 100 mil. Muchos operan simultáneamente en varias aplicaciones y, cada día, se suman nuevos trabajadores, en su mayoría taxistas o personas que quedaron fuera del mercado laboral formal.

Desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, se calcula que unos 300 mil empleados del sector privado perdieron su fuente laboral, y otros 70 mil fueron desvinculados del Estado, lo que reforzó la urgencia de generar nuevos puestos y formalizar la economía.

Un cambio estructural: más empleo y menos informalidad

El proyecto oficial plantea una modernización que permita a las pymes contratar personal con un trámite digital simplificado y a los trabajadores acceder a cobertura social y previsional básica. “Se busca un esquema claro, ágil y de bajo costo que incentive el empleo formal”, explicaron fuentes cercanas a la Casa Rosada.

El diagnóstico es preocupante: la Argentina lleva más de una década sin crear empleo formal, y la mitad de la población económicamente activa se desempeña en la informalidad. Por ello, uno de los ejes centrales será ofrecer herramientas para que los trabajadores independientes puedan incorporarse al sistema sin perder flexibilidad.

El trabajo en plataformas, bajo nuevas reglas

La iniciativa prevé que los repartidores y conductores mantengan su condición de monotributistas, pero que las plataformas tengan la obligación de garantizar un seguro contra accidentes, capacitaciones en seguridad vial y mecanismos de reclamo accesibles.

El texto reconoce a los “repartidores independientes” como prestadores de servicios de mensajería urbana, con libertad total para conectarse, elegir horarios, aceptar o rechazar pedidos y definir sus trayectos. Las empresas deberán brindar información clara sobre los criterios de asignación de tareas y mantener canales de atención humanos para resolver bloqueos o reclamos.

Entre los derechos incluidos se destacan:

  • Acceder a capacitaciones gratuitas sobre uso de la aplicación y normas de tránsito.
  • Contar con cobertura mínima de seguro por accidentes, incapacidad o fallecimiento.
  • Percibir el 100 % de las propinas.
  • Tener derecho a la portabilidad de sus datos y a interrumpir su trabajo sin sanciones.
Por su parte, los repartidores deberán estar registrados ante la AFIP, cumplir con sus obligaciones fiscales, respetar las normas de tránsito y mantener una cuenta bancaria o billetera digital registrada para recibir los pagos.

Los otros ejes de la reforma

El Gobierno también apunta a reducir la llamada “industria del juicio”, que —según sostiene— desalienta la contratación de nuevos empleados. En ese sentido, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aseguró que “cada año los gremios se quedan con alrededor de un millón de pesos por trabajador, entre litigios y aportes compulsivos”.

La administración libertaria plantea además la necesidad de actualizar los convenios colectivos, muchos con más de 70 años de antigüedad, y de promover acuerdos regionales que reflejen la diversidad productiva del país. “Queremos más libertad y menos trabas para contratar”, repiten en la Rosada.

Un desafío para el nuevo mercado laboral

La economía digital ya no es marginal: se trata de un universo laboral que requiere reglas específicas, tanto para proteger a quienes trabajan como para dar seguridad jurídica a las empresas.

Con la reforma laboral, el Gobierno busca modernizar el sistema, fomentar el empleo formal y equilibrar derechos y responsabilidades en un entorno cada vez más dinámico. La discusión promete ser intensa, pero todos coinciden en que el mercado laboral argentino no puede seguir funcionando con normas del siglo pasado.

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