La reglamentación de la Ley Provincial 1601 reactivó el debate por el futuro de la acuicultura en Tierra del Fuego y encendió nuevas alertas sobre el tipo de inversiones que podrían avanzar en la provincia. Aunque el Gobierno asegura que no habrá proyectos sin controles ambientales, la firma de cartas de intención con empresas interesadas generó preocupación en distintos sectores.

El subsecretario de Coordinación Pesquera y Acuícola, Diego Marzioni, buscó llevar tranquilidad y explicó que esos documentos no significan una autorización para operar. Según señaló, se trata apenas de una instancia inicial para abrir el diálogo con las firmas, solicitar información técnica y analizar antecedentes antes de definir si una propuesta puede avanzar.

Sin embargo, la discusión quedó instalada porque la normativa habilita un nuevo marco para atraer capitales privados a una actividad sensible, vinculada directamente al uso de recursos naturales, al equilibrio ambiental y a las condiciones sanitarias de la provincia. En ese contexto, el funcionario afirmó que el resguardo ambiental será una “barrera insalvable” para cualquier emprendimiento.

Marzioni también intentó marcar distancia de proyectos meramente extractivos y sostuvo que la Provincia no aceptará iniciativas que solo busquen instalarse para “engordar pescado”. De acuerdo con su explicación, cada empresa deberá demostrar cómo se integrará a la cadena productiva fueguina, qué empleo generará, qué valor agregado aportará y qué beneficios concretos dejará en el territorio.

Uno de los puntos que más cuestionamientos despertó fue la carta de intención vinculada a Cooke Aquaculture. Ante las críticas, el subsecretario respondió que el proceso recién está en una etapa preliminar y que justamente esa instancia permitirá revisar los antecedentes de la empresa. No obstante, la aclaración no despeja las dudas sobre el nivel de control real que tendrá la provincia frente a compañías con fuerte capacidad económica.

El proyecto que aparece como más avanzado corresponde a una firma radicada en Río Grande que pretende instalarse en Tolhuin. La propuesta incluye producción de truchas y una combinación de acuicultura, hidroponía, acuaponía, turismo y gastronomía. Desde el Gobierno la presentan como una iniciativa integral, aunque todavía deberá demostrar si su impacto ambiental, sanitario y productivo resulta compatible con las exigencias provinciales.

La discusión de fondo pasa por saber si Tierra del Fuego podrá garantizar que estas inversiones no terminen priorizando la rentabilidad privada por encima del cuidado ambiental. Marzioni insistió en que ningún proyecto avanzará sin evaluaciones previas, pero el debate ya dejó expuesta una preocupación central: qué controles concretos tendrá el Estado y hasta dónde estará dispuesto a frenar iniciativas que no aseguren beneficios reales para la provincia.