La Provincia dejó formalmente reglamentada la Ley 1601, la norma que establece el marco para el desarrollo sostenible de la acuicultura en aguas marítimas y continentales de Tierra del Fuego, incluida la salmonicultura. La medida fue aprobada por el gobernador Gustavo Melella a través del decreto 587/26, firmado el 7 de abril, y ya fue publicada en el Boletín Oficial, por lo que la actividad puede comenzar a instrumentarse desde ahora.

La reglamentación organiza el esquema de aplicación de la ley mediante tres anexos que fijan pautas técnicas, ambientales e institucionales. Allí se detallan los criterios para el funcionamiento de la actividad, las condiciones para evaluar proyectos y los mecanismos de articulación entre organismos públicos, en el marco de una estrategia vinculada a la llamada “economía azul”.

Entre los puntos centrales, la normativa define tres escalas para los emprendimientos acuícolas: artesanal, preindustrial e industrial. Cada una tendrá exigencias diferenciadas según su magnitud, aunque en todos los casos deberán atravesar controles y evaluaciones ambientales. También se crea una Ventanilla Única para canalizar la presentación de iniciativas vinculadas al sector.

Uno de los anexos regula específicamente la Evaluación Ambiental Estratégica, herramienta que servirá para determinar en qué zonas podrían instalarse los proyectos, bajo qué condiciones y con qué especies. A la vez, otro protocolo fija pautas de coordinación interinstitucional, además de criterios para la gestión integrada del recurso hídrico y del desarrollo acuícola sostenible.

La reglamentación también ratifica resguardos para sectores sensibles, como el canal Beagle y las áreas naturales protegidas, donde no podrán habilitarse desarrollos incompatibles con la conservación del ambiente. Desde el texto oficial se plantea que el objetivo es compatibilizar producción, control estatal y preservación de los ecosistemas.

La puesta en marcha de esta norma se da, sin embargo, en medio de una fuerte controversia política y social. La ley había sido impulsada por el Ejecutivo y obtuvo una rápida aprobación legislativa en diciembre pasado, pese al rechazo de distintos sectores. Además, sigue bajo cuestionamiento judicial: el legislador Pablo Villegas presentó un planteo de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia al sostener que la sanción se concretó vulnerando procedimientos institucionales. Según afirmó, este tipo de decisiones debilitan la seguridad jurídica, afectan la institucionalidad y terminan alejando potenciales inversiones privadas en la provincia.