La Cámara de Apelaciones, a través de su Sala Penal, rechazó el pedido de recusación presentado contra la jueza Cecilia Cataldo en el marco de la causa que investiga los graves hechos ocurridos el 9 de mayo en la Unidad de Detención de Río Grande. En ese episodio resultaron seriamente heridos los internos Jonathan Gastón Burgoa, su hijo Maxi Burgoa y Pedro Jesús Flores.

El planteo había sido impulsado por los abogados Maximiliano Palladino y Francisco Ibarra, quienes intervienen en la defensa de Enoc Perpetto y de su tío, Máximo Perpetto. Según indicó Palladino en diálogo con El Sureño, aún resta que el Tribunal de Alzada se pronuncie sobre otros dos puntos: el pedido de nulidad de las entrevistas realizadas a los internos y la recusación contra el fiscal Mayor Bramatí.

El abogado sostuvo que, una vez resueltas esas cuestiones, esperan que se avance con la declaración de las víctimas para conocer en detalle lo ocurrido dentro del establecimiento penitenciario. En ese sentido, cuestionó que las primeras entrevistas a Burgoa y Flores hayan sido realizadas por la jueza sin la participación de las defensas, situación que motivó el planteo de nulidad.

Desde la defensa entienden que ese procedimiento habría afectado el derecho de defensa de los imputados. También señalaron que algunas declaraciones fueron recibidas mediante Cámara Gesell, mientras que otras manifestaciones quedaron incorporadas a través de entrevistas previas sin control de las partes.

El pedido de apartamiento del fiscal Bramatí también fue acompañado por el defensor oficial Marcelo Scola, quien representa a integrantes del Servicio Penitenciario involucrados en la investigación.

Por los hechos ocurridos en la Unidad de Detención, ocho agentes penitenciarios fueron apartados preventivamente de sus funciones tras quedar imputados en la causa penal que tramita ante el Juzgado de la jueza Cataldo. Además, diez internos del Pabellón B quedaron implicados como presuntos autores de los episodios de violencia y vejámenes contra Burgoa padre, Burgoa hijo y Flores.

La investigación se inició de oficio, debido a que los internos atacados no realizaron la denuncia por temor a posibles represalias. A partir de esa situación, el Ministerio Público Fiscal y el Juzgado comenzaron las actuaciones correspondientes.

La magistrada había previsto tomar declaración testimonial a los internos agredidos, pero los peritos forenses del Poder Judicial recomendaron postergar esa instancia, ya que manifestaron temor y no estar en condiciones de relatar lo sucedido. Actualmente, los tres permanecen alojados en dependencias de Ushuaia, mientras la jueza solicitó garantías para resguardar su integridad física y psicológica.