El informe fue clasificado como “secreto” y oficialmente se argumentó que dar a publicidad la localización podía generar que los mismos vecinos fueran a buscar restos y pusieran en riesgo esos yacimientos. Ahora fue solicitado que se le quite el carácter de secreto al informe, una medida que igualmente podría definir el gobierno entrante en pocos días.

Por Radio Provincia, indicó que patrocina en “causas judiciales que están en trámite donde Mane’kenk ha sido parte. Hay dos aspectos a analizar, uno es el ambiental y otro es el patrimonio arqueológico, que también estaría afectado y hay riesgo de que se siga afectando. Los planteos de la asociación tienden a prevenir la destrucción del medio ambiente y de los sitios arqueológicos”.

“Hay una serie de cuestiones que no están muy claras, como la resolución 581 que declara secreto el informe realizado por la empresa que produce investigaciones arqueológicas. A mi criterio no tiene fundamento este carácter secreto y no se entiende por qué debieran serlo estos informes. Lo importante es que hay una empresa que le informa al gobierno una serie de cuestiones relacionadas con el patrimonio arqueológico y paleontológico de la provincia, y es responsabilidad de la provincia su preservación. En principio no se habría atendido este informe, y esto hace ver una posibilidad seria de afectación al patrimonio”, advirtió.

Consideró que, de confirmarse este daño, “es delicado porque no hay posibilidad de recuperación ni de reconstrucción de un yacimiento”. 

“Incluso existe una noticia sobre el hallazgo de restos humanos días atrás, y estos restos humanos han llegado al Museo. El Museo tiene registrada esta cuestión y esto le ha comunicado a la comunidad yagán, porque podrían ser restos arqueológicos de los pueblos originarios”, manifestó.

Explicó que se recurrió a la vía penal en paralelo a la causa civil, porque existe en la legislación “una condena específica a quien destruya sitios arqueológicos, aunque hasta el momento no hay respuesta de la justicia. Una cuestión es la relativa al medio ambiente, por intereses difusos, y hay un retraso, porque estos recursos de protección de medio ambiente se deberían resolver rápido”, señaló y, por otro lado tramita la vía penal, para identificar si se cometió un delito y deslindar las responsabilidades. “En ambos casos el accionar de la justicia debería ser rápido para evitar mayores daños”, planteó el abogado.

“En Tierra del Fuego estamos con algún grado de certeza destruyendo el patrimonio arqueológico y paleontológico de la provincia, y afectando seriamente el medio ambiente. No es algo que se pueda dejar para mañana o que pueda esperar a que pase la feria judicial. En ese camino va nuestro trabajo”, sostuvo.

Aclaró que no hay “una oposición a la obra en sí, sino que se trata de realizarla en función del progreso general, con la menor afectación al medio ambiente, y esto es posible. No es que si se hace la obra, indefectiblemente va a haber destrucción. Si se hace la obra, puede haber preservación y esa es nuestra búsqueda”.

Finalmente abrió la posibilidad de que pueda haber una definición de la justicia “antes del 18 de diciembre, cuando comienza la feria, y podría ser esta misma semana”.

“El carácter secreto del informe es llamativo, genera sorpresa y todo tipo de interpretaciones. Cuando no hay transparencia, lo que pasa es esto. Toda la actividad del Estado es pública, salvo contadas excepciones que deben tener su fundamento”, concluyó.