Trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos difundieron una dura carta pública en la que expusieron la crisis que atraviesa el Puerto de Ushuaia tras la intervención dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), advirtiendo sobre consecuencias económicas, laborales y operativas que podrían impactar directamente en la próxima temporada turística.

El documento, titulado “Puerto de Ushuaia – Temporada 2026/27 en alerta”, fue dirigido no sólo a las autoridades, sino también a agencias marítimas, empresas navieras, operadores logísticos, cámaras empresariales y a toda la comunidad fueguina vinculada a la actividad portuaria.

“Los trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos nos dirigimos a ustedes en un momento de profunda preocupación institucional, social y económica, que atraviesa uno de los principales motores de nuestra provincia: el Puerto de Ushuaia”, expresaron.

En la carta, los trabajadores aseguraron que más de 140 empleados permanecen atravesando una situación de incertidumbre desde el inicio de la intervención. “Más de 140 trabajadores hemos quedado en un estado de incertidumbre absoluta, junto a nuestras familias, viendo vulnerado no solo nuestro derecho al trabajo, sino también el normal desarrollo de una actividad que resulta estratégica para toda la provincia”, señalaron.

Asimismo, remarcaron que durante la última temporada intentaron evitar que el conflicto afectara el funcionamiento operativo del puerto y el arribo de cruceros. “A pesar de ello, y con un alto sentido de responsabilidad, llevamos adelante medidas de acción directa mínimas y controladas, exclusivamente en defensa de nuestros derechos, procurando en todo momento no afectar la temporada de cruceros 2025/2026”, sostuvieron. “El compromiso se cumplió”, agregaron.

Sin embargo, advirtieron que el escenario para el próximo período es mucho más incierto. “Es necesario ser claros: en el contexto actual, las garantías para la temporada 2026/2027 ya no pueden darse por aseguradas”, afirmaron.

Otro de los ejes del reclamo apunta al manejo de los recursos económicos del puerto. Según denunciaron, los fondos generados por la actividad portuaria estarían siendo transferidos fuera de la provincia. “Los fondos que ingresan por la explotación del puerto que deberían permanecer en la provincia, tal como lo establece el Convenio Nación-Provincia están siendo desviados a una cuenta del Banco de la Nación Argentina, respecto de la cual no existe claridad sobre quién la controla ni qué organismo la audita”, expresaron.

En ese sentido, alertaron que la situación pone en riesgo el pago de salarios y el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo, afectando directamente a las familias portuarias.

El documento también incluye fuertes cuestionamientos políticos hacia la intervención nacional y menciona a integrantes de la estructura interventora, vinculándolos con sectores políticos y con antiguos manejos dentro del sistema portuario nacional.

Además, los trabajadores sostuvieron que varios de los argumentos utilizados para justificar la intervención “han perdido sustento con el correr de los hechos”, mencionando la vigencia del Certificado de Puerto Seguro hasta 2029 y la aprobación de certificaciones ambientales que habilitan el funcionamiento normal de la terminal marítima.

Sobre el final, la carta deja una fuerte definición política y soberana respecto al control del puerto fueguino. “El Puerto de Ushuaia pertenece a la Provincia de Tierra del Fuego y debe ser administrado por la propia provincia”, remarcaron.

Finalmente, advirtieron que el conflicto podría agravarse si no aparecen respuestas concretas. “Si esta situación persiste, el conflicto inevitablemente se profundizará”, señalaron.

Y concluyeron con una frase que reflejó el nivel de tensión alcanzado: “Porque una cosa debe quedar clara: si no hay paz para los trabajadores y sus familias, tampoco habrá paz para la intervención. Y el Puerto de Ushuaia, tal como lo conocemos, dejará de ser una garantía de funcionamiento”.