Una reciente publicación de la Cámara de Armadores de Poteros Argentinos (CAPA) volvió a encender la alarma sobre la creciente actividad pesquera ilegal en el Atlántico Sur, particularmente en la zona cercana a las Islas Malvinas. El documento destaca un dato revelador: España reconoció que sus buques pescan en esa región, aprovechando la falta de acuerdos bilaterales y la escasa regulación internacional.

La entidad, que desde 1999 nuclea a los armadores argentinos dedicados a la pesca del calamar, advirtió que la situación se ve agravada por la ausencia de una Organización Regional de Ordenación Pesquera (OROP) activa en el área y por el vacío diplomático existente entre Argentina y el Reino Unido, nación que mantiene ocupadas las Islas Malvinas.

Según el informe de CAPA, en el sitio web del Ministerio de Agricultura y Pesca español se reconoce abiertamente que la flota ibérica obtiene recursos en aguas del sur debido a la falta de mecanismos de conservación de especies marinas y a la debilidad institucional entre los países con jurisdicción o reclamos en la zona.

La cámara también remarcó que la pesca ilegal prospera gracias a la escasa colaboración entre países del Cono Sur, a pesar de declaraciones como la de Mendoza 2017 del Mercosur contra la pesca INDNR (Ilegal, No Declarada y No Reglamentada) o del tratado bilateral entre Argentina y Uruguay que dio origen a la OROP del Río de la Plata y su Frente Marítimo.

En esa misma línea, apuntaron contra el Puerto Capurro, en Montevideo, como una pieza clave en la logística de estas operaciones: “Las facilidades que brinda este puerto incluyen normas fiscales y aduaneras especiales, sumadas a procedimientos legales laxos, sin exigencias claras de supervisión de carga o controles específicos”, detallaron, citando datos del Instituto Nacional de Logística de Uruguay.

Para CAPA, revertir este escenario requiere medidas urgentes y consensuadas. “Poner un freno a la pesca furtiva que afecta los caladeros argentinos, es cada día más apremiante. Un paso, de conformidad con la FAO, sería lograr respuestas concertadas en el Mercosur que combinen la regulación internacional pesquera con propuestas regionales que tiendan a poner límites sobre el tamaño de las flotas pesqueras además de impulsar medidas diplomáticas colectivas para desincentivar la pesca ilegal y prohibir las subvenciones a la pesca”, advirtieron.

La amenaza es concreta. Según datos de Science Advances, el 85% de la pesca ilegal a nivel global proviene de cinco países: China, Corea del Sur, España, Japón y Taiwán. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que la sobrepesca ilegal supera las 26 millones de toneladas anuales, afectando gravemente los principales caladeros del mundo, incluyendo las aguas bajo jurisdicción argentina.

En este complejo panorama, Argentina figura como el tercer país más afectado a nivel global por esta actividad, de acuerdo con la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera. Mientras los buques extranjeros continúan operando impunemente, las consecuencias para los recursos naturales del país y su soberanía alimentaria se tornan cada vez más críticas.