Las familias que se acerquen a las escuelas de Tierra del Fuego comenzarán a notar cambios en la forma de ingresar y en la organización de las reuniones dentro de los establecimientos. A partir de ahora habrá más controles en los accesos, mayor formalidad en los encuentros con directivos y un circuito claro de actuación ante situaciones conflictivas o de violencia.

Estas medidas son el resultado de un acuerdo alcanzado el 11 de noviembre en Ushuaia, donde representantes del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Educación firmaron un acta conjunta. En ese documento plasmaron su preocupación por los episodios de violencia registrados en las últimas semanas en el ámbito escolar y definieron un paquete de acciones inmediatas.

El acta establece dos compromisos centrales: por un lado, la creación de un Comité Mixto de Salud y Seguridad Laboral Docente, que tendrá alcance provincial; por otro, la puesta en marcha de un protocolo provisorio para regular el ingreso de personas ajenas al plantel docente, no docente y al alumnado en las escuelas.

En lo práctico, el protocolo implica que todos los establecimientos deberán mantener puertas y portones que dan a la vía pública cerrados durante el horario de clases, utilizando llave u otro sistema que permita controlar el acceso. El ingreso y egreso ya no será libre: cada movimiento deberá pasar por un filtro previo.

El Ministerio de Educación, según se acordó, tendrá la obligación de designar personal específico para custodiar estos accesos. Entre sus tareas estarán verificar que los portones permanezcan cerrados, recibir a quienes se acerquen a la institución, registrar sus datos en un libro de actas (hora de entrada, identidad, vínculo con la escuela y motivo de la visita) e informar a la autoridad correspondiente cada pedido de ingreso.

Las personas que se presenten en la escuela deberán esperar fuera del edificio hasta obtener la autorización de una autoridad jerárquica. Una vez otorgado el visto bueno, el personal designado acompañará al visitante hasta la dirección o sector que corresponda. Incluso madres, padres y familiares deberán respetar este circuito, dejando atrás la práctica habitual de “entrar directo” al establecimiento.

El protocolo también redefine la dinámica de las reuniones con las familias. A partir de ahora, los encuentros deberán ser pautados previamente –por cuaderno de comunicaciones u otros canales formales– y siempre deberán participar al menos dos integrantes de la institución (por ejemplo, un directivo y un preceptor, o un docente y un directivo). El propósito es que ninguna situación potencialmente conflictiva quede a solas entre una única autoridad escolar y la familia.

El acta contempla, sin embargo, que hay situaciones de urgencia que no admiten demoras, como accidentes, crisis de salud u otros hechos graves. En esos casos, se establece que el personal en el ingreso será notificado para flexibilizar la aplicación estricta del protocolo y permitir el acceso inmediato de las personas responsables, siempre bajo conocimiento y autorización de las autoridades de la escuela.

También se fijó un procedimiento para los casos en que alguien se niegue a respetar las nuevas normas. Ante resistencia o desobediencia, el personal deberá explicar que se trata de un protocolo obligatorio para toda la comunidad, advertir que, de persistir la negativa, se dará intervención a la policía y, finalmente, comunicarse con la vía especial de la fuerza provincial indicada por la autoridad competente. De este modo, se brinda respaldo formal a quienes se encuentran en la primera línea de atención.

Más allá de estas medidas transitorias, el corazón del acuerdo es la creación del Comité Mixto de Salud y Seguridad Laboral Docente. Este organismo estará integrado en partes iguales por representantes del Ministerio de Educación y del sindicato con mayor cantidad de afiliados del sector educativo. Tendrá como misión monitorear las condiciones de salud laboral de la docencia, impulsar políticas de prevención de accidentes, enfermedades y hechos de violencia, participar en el diseño de protocolos y articular subcomités locales en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.

Hasta que el comité quede plenamente conformado y cuente con reglamento propio, el protocolo de ingresos funcionará como una herramienta transitoria para ordenar la vida diaria en las escuelas. Para la comunidad educativa, el nuevo esquema significa más control sobre quién ingresa, mayor formalidad en los vínculos dentro de los edificios, un marco de respaldo para el personal ante conflictos y un compromiso explícito de avanzar hacia una política integral de salud y seguridad laboral docente en toda la provincia.