A casi diez meses del inicio del reclamo, un grupo de retirados de la Policía que prestó servicios desde la época en que Tierra del Fuego era Territorio Nacional continúa sin obtener una respuesta definitiva y denuncia una fuerte reducción en sus haberes. Según plantean, la Caja previsional aplica un criterio administrativo que desconoce parte de los aportes realizados durante su trayectoria laboral y eso termina afectando de manera directa sus ingresos.

José Fontana explicó en FM Ártika que el planteo no apunta a una intervención externa, sino a que se respete el derecho previsional construido tras décadas de servicio. En ese marco, sostuvo que el eje del reclamo pasa por el reconocimiento de 35 años de aportes efectuados con un mismo objetivo jubilatorio, y cuestionó que se intente dividir esa historia laboral bajo el argumento de que una parte debería ser asumida por Nación.

La discusión también llegó al terreno judicial, aunque sin avances concretos. De acuerdo con lo expresado por los afectados, existió en una primera instancia un pronunciamiento favorable que proponía aplicar un criterio de equidad, pero la decisión fue apelada por la Caja y desde entonces el expediente permanece sin una definición. Fontana advirtió que la demora agrava el problema, especialmente porque entre los damnificados hay personas de edad avanzada que no pueden seguir esperando una solución.

Frente a la falta de respuestas en la provincia, los retirados viajaron días atrás a la Ciudad de Buenos Aires para reunirse con legisladores, abogados y referentes vinculados al ámbito judicial. Allí, señaló Fontana, encontraron sorpresa por el hecho de que una situación de este tipo se sostenga en base a una resolución interna y no a una norma con rango de ley, lo que a su entender expone una seria irregularidad en la forma en que se resuelve el caso.

Además del planteo legal, el reclamo pone el foco en las consecuencias cotidianas del recorte. Según remarcaron, en muchos casos la disminución de haberes llegó a representar una caída cercana al 50% de los ingresos familiares, obligando a algunos retirados a buscar trabajos informales o a afrontar serias dificultades para costear tratamientos de salud y sostener gastos básicos, incluida la educación de sus hijos. Fontana también cuestionó la conducción de la Caja y alertó sobre el impacto simbólico de esta situación, al considerar que transmite una señal preocupante sobre el trato que reciben quienes llegan a la vejez tras una vida de servicio.